SANTIAGO.- Aunque la Ley de Inclusión estipulaba que en 2018 el aporte por gratuidad aumentaría de los $8.300 que se entregaban este año a $10.700, la Ley de Presupuesto dijo lo contrario: "sin perjuicio" de lo contenido en la normativa, el monto a recibir seguirá siendo de 0,35 unidades de subvención (USE), lo que significa que la cifra de 2017 se mantendrá.
La medida generó molestia en los sostenedores y provocó críticas desde diversas fundaciones educacionales y parlamentarios, tanto de oposición como desde el oficialismo.
Y es que la asignación es uno de los incentivos destinados a que los colegios particulares subvencionados opten por terminar con el cobro del copago que se realiza a las familias, para que comiencen a ser gratuitos, sin fines de lucro y suscriban a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
La defensa del Gobierno
El primer órgano del Ejecutivo en defender la medida fue el propio Ministerio de Educación.
"Esto es enfrentar una situación compleja del punto de vista financiero (...) y básicamente está destinado a temas de Salud. Son recursos generales de la Nación, pero la explicación del ministro de Hacienda es que esto tiene que ver con aportes a Salud que habían quedado desfinanciados y algún aporte para Obras Públicas", señaló la titular de la cartera, Adriana Delpiano, el miércoles.
La subsecretaria, Valentina Quiroga, explicó por su parte que "las decisiones tienen que ver con la responsabilidad fiscal, que es importante respetar como país". La ministra remarcó que el incremento de ese aporte sólo se diferirá "por un año y no más que eso", por lo que en 2019 debería concretarse el aumento.
Luego, la propia vocera de Gobierno se refirió a la polémica, asegurando que buscaba "descartar de manera clara y tajante" que existiera un "congelamiento".
"La subvención sigue subiendo y ha subido de manera sostenida. Estamos hablando de $145 mil en promedio de subvención por alumno. Aumenta también la base de cobertura de niños y niñas que van a recibir subvención. Estamos hablando solamente de un aumento que va a tener un impulso más moderado. Eso es lo que hemos dicho”, afirmó el jueves la ministra Paula Narváez, agregando que los sostenedores "reciben muchos más recursos que los que recibían en la época en que los padres aportaban con el copago".
Rechazo transversal
A pesar de las defensas del Gobierno, las críticas de parte de sostenedores, fundaciones y parlamentarios han sido transversales.
Según las estimaciones de Libertad y Desarrollo, los colegios, en conjunto, recibirán cerca de $80 mil millones menos de lo que tenían contemplado debido a la medida, lo que afectaría a cerca de 2 millones 700 mil estudiantes. La propia ministra Delpiano reconoció que si bien el monto "por alumno no es tanto" (cerca de $2 mil), en el conjunto de los colegios "es un volumen de recursos muy sustantivo".
En Libertad y Desarrollo y Acción Educar acusan que el Gobierno ha preferido priorizar la gratuidad en educación superior, aunque ello implique no cumplir con los compromisos contraídos con los colegios, que figuran dentro de una ley vigente.
También afirman que esto "rompe la confianza" entre el Gobierno y los colegios particulares subvencionados. En Educación 2020 también han manifestado críticas, afirmando que congelar dicho aporte "es un disparo a los pies de la reforma".
La Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) afirma que "los sostenedores, una vez más, van a dudar de la credibilidad del ministerio" y, ante esta situación, parlamentarios de diversos sectores han advertido que si la situación no se modifica, rechazarán la partida de Educación de la Ley de Presupuesto.
Los presidenciables entran al debate
Uno de los parlamentarios en mostrar su rechazo fue el senador y candidato presidencial por el bloque Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, quien aseguró que “defenderá” la reforma, calificando como “inaceptable” el anuncio del Gobierno. “No es aceptable ahorrar a costa del futuro de niños y jóvenes”, afirmó.
“De ser necesario, reduzcamos los fondos de libre disponibilidad del futuro gobierno para cumplir los compromisos con los estudiantes de Chile”, expresó a través de su cuenta de Twitter.
Quien también se mostró contrario a la medida fue su contrincante, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien llamó al Gobierno a “rectificar”, asegurando que “equivocó totalmente las prioridades”.
“Es un duro golpe a la credibilidad del Gobierno, que no cumple sus compromisos, pero también un duro golpe a nuestra clase media, a la cual se le engañó, porque se le restringió el aporte que hacía”, aseguró.
La puerta de salida
Tras una crítica semana de enfrentamientos, el jueves, en Washington, el titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, abordó la controversia, negando que exista un “congelamiento”, pero dando espacio a buscar una resolución al conflicto.
“La subvención general sigue subiendo, con un reajuste que excede el costo de la vida. La subvención preferencial ha venido subiendo más allá de la inflación y la subvención para los grupos medios, que fue introducida por la Presidenta Bachelet, también ha seguido subiendo”, afirmó el ministro, asegurando que los recursos “no están congelados”.
Según lo señalado por el titular de la cartera, lo que se planteó en el Presupuesto 2018 es que los recursos “sigan creciendo, pero a tasas moderadas”, aclarando que el país “conoce las restricciones fiscales” y que “en esto no se pueden hacer milagros”.
Sin embargo, el ministro mostró por primera vez a un Ejecutivo dispuesto a buscar una salida a la polémica.
“Se puede conversar si eventualmente pudiera hacerse un gesto adicional, pero yo quiero dejar completamente claro que no nos vamos a mover ni una décima del 3,9% (de crecimiento del gasto público), porque eso es lo que necesitamos para reducir el déficit fiscal y mantener la credibilidad de la economía chilena”, aseguró.
