SANTIAGO.- Una pequeña marcha con carteles de protesta para pedir el fin de las balaceras y mayor tranquilidad hicieron los alumnos de un jardín infantil de la población Legua Emergencia, en una de las ferias libres de ese sector de San Joaquín.
La acción de los pequeños, liderados por sus profesoras, dan cuenta del clima que se vive por estos días en la conocida población de la comuna de la Región Metropolitana, situación que mantiene en alerta al Gobierno que analiza este fenómeno delictual.
Uno de los organismos del Estado que ha tomado parte de ese análisis es la Subsecretaría de Prevención del Delito, encabezada por Óscar Carrasco, que destinó $23 millones para reforzar los jardines infantiles de la población.
La idea, señalan a Emol desde la unidad perteneciente al Ministerio del Interior, es que estos establecimientos cuenten con las protecciones adecuadas a fin de evitar casos como el ocurrido en la comuna de Limache, en que un niño de 3 años fue alcanzado por una "bala loca", mientras estaba en el patio de su jardín. La medida se sumará a las que ya existen para este tipo de situaciones.
Hernán Ortega, director de unidad de planes integrales de barrios de alta complejidad de la Intendencia Metropolitana, explicó a este medio que "esos trabajos ya están en ejecución y se están adquiriendo los equipamientos que se mencionan en el proyecto".
El encargado añadió que se trata de un convenio entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Intendencia Metropolitana y la Municipalidad de San Joaquín para reforzar los jardines infantiles que existen en La Legua.
Blindajes y cambio de paradigma
Ortega agregó que ya se tomaron los resguardos en los colegios de enseñanza básica del sector.
"Se hicieron blindajes en la escuela básica 480 (Poeta Víctor Domingo Silva) y hay ventanas blindadas en el colegio Arzobispo Manuel Vicuña de la fundación 'Belén Educa'. Ambos tienen protección", explicó.
Pero junto con lo anterior, el encargado explicó que hoy la idea es cambiar el paradigma para que los vecinos no tengan que encerrarse en sus casas, y que los narcotraficantes utilicen los espacios de la población.
Así, en 2016 se inició un plan de inversiones para una intervención urbanística-comunitaria, que se extendió a las poblaciones El Castillo en La Pintana, Parinacota de Quilicura y el sector Bajos de Mena de Puente Alto.
Según explicó, el Gobierno destinó $ 900 millones para esos trabajos que ya se están implementando, entre los que figuran cambio de luminarias y proyectos de seguridad vial.
"Estamos invirtiendo plata en recuperar la calle. Aquí los narcos tratan de apoderarse de los territorios y la comunidad empieza a ocupar con obras que sean de integración social", sostuvo Ortega.
Consultado por si espera que el próximo gobernante que sea elegido en noviembre mantenga estos planes de inversión, explicó que junto con ello, también quiere que se entienda que se trata de proyectos a largo plazo.
"Lo que se espera es que ojalá los gobiernos entiendan que las políticas de regeneración urbana son problemas de largo plazo. En Bajos de Mena, Parinacota, El Castillo y La Legua, hay un plan definido que tiene un horizonte entre los años 2022 a 2024. Sería un error que nosotros de nuevo volviéramos a fojas cero", finalizó.
