SANTIAGO.- La mañana del viernes, cuando el abogado Luis Hermosilla se enteró de que Ricardo Palma Salamanca -ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y uno de los asesinos de Jaime Guzmán, a cuya familia representa- había sido detenido en Francia, sintió que empezaba a cerrarse un proceso de más de veinte años.
Ayer, la justicia francesa determinó dejar al ex frentista en libertad y con firma diaria tras su control de detención en París, hasta que se realice en marzo una audiencia para revisar una eventual extradición. A pesar de este revés, Hermosilla destaca el rol que el actual Gobierno ha tenido en el desarrollo del caso.
"Este es un caso que ha pasado por distintos gobiernos a lo largo de muchos años. Estamos hablando de un crimen ocurrido en 1991. En particular,
este Gobierno ha prestado una colaboración importante", afirmó en conversación con
El Mercurio.
A su juicio, tanto las autoridades del ministerio del Interior como aquellas del de Relaciones Exteriores han tenido "un rol activo" y "han cumplido con sus obligaciones, a mi juicio, cabalmente".
Según su análisis, el gobierno se ha enfocado en el proceso de extradición. "Más que un tema de enfoque, es un tema de claridad jurídica que se debe aplicar con absoluta sujeción a los principios del Derecho Internacional y de reciprocidad", explicó.
"Si un condenado por terrorismo en Francia se escapara de un recinto carcelario y se encontrara en Chile, evidentemente que las autoridades francesas querrían que era persona condenada fuera devuelta a su país para que siguiera cumpliendo su pena. No es ni más ni menos lo que Chile está pidiendo", concluyó.
