SANTIAGO.- "Son problemas de gestión política basados en percepciones y creencias, pero ninguna norma, ninguna infracción, ni ninguna ley se ha dejado de aplicar", afirmó la mañana de este martes el abogado Francisco Cox, mientras defendía a la ministra Marcela Cubillos, frente a la Cámara de Diputados, que ayer resolvió rechazar la acusación constitucional que la oposición había interpuesto en su contra.
Lo que planteaba con esa frase el abogado fue una de las dicotomías que más se repitió durante el debate: qué tanto de político y qué tanto de jurídico residía en la acusación. Aunque Cox reconocía el carácter político, "en tanto interesa a toda la sociedad y es resuelto por el Congreso", defendía que "los diputados cuentan con otras herramientas privilegiadas para hacer crítica política". Para él, la acusación constitucional debía tener un carácter "estrictamente jurídico".
Su posición fue contrastada por la de la diputada RD Maite Orsini, quien señaló que la herramienta es "un juicio político jurídicamente arreglado". "La acusación exige un juicio de legalidad estricto: no es un voto de censura, pero tampoco permite sostener que no deba pronunciarse sobre el mérito de las acciones u omisiones de un ministro", dijo.
A pesar de que la votación zanjó el destino de la ministra, no logró resolver esa interrogante. Así lo analiza el abogado constitucionalista Javier Couso, académico de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales. "Mi balance, como resultado de este proceso, es bastante frustrante, porque creo que no ha quedado claro qué significa la naturaleza jurídico-política de una acusación", dice en conversación con Emol.
"El que va a imponer esa sanción debe actuar jurídicamente"
—Tras el debate que se dio ayer con respecto al carácter político-jurídico de la acusación constitucional, ¿cuál es su visión?
—Fue una decisión muy cerrada: para la mitad de la Cámara de Diputados, este proceso era de naturaleza más bien política, y la otra mitad enfatizaba lo jurídico. Pero esa misma mitad, en el pasado, no ha actuado tan jurídicamente... El balance mío es que falta un consenso nacional respecto a la naturaleza jurídica que tiene la acusación constitucional.
—Quedó relativamente establecido que ambas características están presentes.
—Sí es un proceso jurídico-político, pero con un componente jurídico importante, porque se imponen sanciones que no son menores a la persona que es removida. Si solo se limitaran a remover a la ministra o al funcionario acusado, uno podría entender más o menos el argumento, aunque significaría un cambio de sistema político.
"Aquí hay aparejadas sanciones que van más allá de la mera remoción, porque incluyen la pérdida de derechos políticos (...) Eso inevitablemente significa que el que va a imponer esa sanción debe actuar jurídicamente"
Javier Couso
—¿A qué se refiere con un "cambio de sistema político"?
—Significaría que estamos en un sistema parlamentario, en el que se puede censurar la actuación política de un ministro. En ese caso, cuando hay una mera responsabilidad política, no vienen aparejadas sanciones las establecidas aquí. En los regímenes parlamentarios sí es típico que se dé la censura por motivaciones principalmente políticas.
—¿Influye, entonces, del tipo de sanción?
—Es que aquí hay aparejadas sanciones que van más allá de la mera remoción, porque incluyen la pérdida de derechos políticos e incluso de la posibilidad de desempeñarse en el sector público por un periodo de cinco años. Eso inevitablemente significa que el que va a imponer esa sanción debe actuar jurídicamente. Tiene inevitablemente connotaciones jurídicas importantes, como por ejemplo respetar el debido proceso.
—El argumento de la defensa de la ministra fue precisamente que se trataba de un juicio político sin fundamento jurídico.
—Eso fue lo que rodeó toda la defensa de la ministra Cubillos. El argumento fue, en primer lugar, que se le imputaban conductas que o no eran responsabilidad de ella o no tenían la gravedad de ultima ratio que exige una acusación constitucional. Eso fue permanente y estuvo presente también en el documento de 150 páginas que se presentó la semana pasada. Después se añadieron consideraciones, si bien no de tipo propiamente político partidista, sí sobre las consecuencias que tendría aceptar una acusación para el sistema político.
El rol de Cox
—Una particularidad de la estrategia de Cox fue citar casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)...
—Eso fue algo relativamente inusual en este tipo de defensas. La tesis que defendió el abogado Cox es que la Cámara de Diputados ejerce esta facultad de analizar una acusación constitucional y el Senado después, como jurado, ejerce una labor jurisdiccional, y ahí invocó jurisprudencia de la CIDH. Eso fue relevante en el juicio, fue lo más importante, porque en algún sentido tendía a desvirtuar algunas ideas que se planteaban de que este juicio era exclusivamente político.
—¿Qué finalidad cumplía la mención a la CIDH?
—La CIDH, por supuesto, tiene jurisdicción sobre Chile, porque Chile le cedió jurisdicción al sistema interamericano. Al invocarla, estaba diciendo que ejerce jurisdicción. En otras palabras, que puede conocer y tiene que decidir de acuerdo a derecho, porque establece sanciones que son importantes y graves para el afectado.
—Justamente los derechos humanos fueron un tópico, porque la diputada Orsini se preguntó si había sido una buena decisión de la ministra haber elegido a Cox para defenderla de una acusación constitucional.
—Creo que, en general, criticar al abogado de una persona que se está defendiendo de una acusación constitucional es una cuestión bastante irrelevante. Lo importante es si ese abogado planteó argumentos que sean jurídicamente correctos, que a mi juicio sí los planteó.
—¿No influyó que su trayectoria estuviera asociada a ese tópico?
—Uno podría decir que la especialidad del abogado Cox son los derechos humanos y particularmente en el área penal. Aquí hay una sanción que, si bien no es penal, sí acarrea graves consecuencias para el inculpado, en este caso la ministra. En ese sentido, alguien que es especialista en debido proceso es alguien que, por supuesto, puede asumir una representación. Pero al margen de eso, en general me parece un detalle anecdótico el haber objetado, por decirlo así, la trayectoria previa del abogado.
—A algunos les sorprendió que Cox respondiera a la diputada de manera seria, sin recurrir a ironías ni indirectas.
—Todo abogado debe actuar así. A mí no me sorprendió, porque un abogado tiene que deberse a su cliente y no tiene que ser él el protagonista del asunto que se está debatiendo. En ese sentido, fue absolutamente distractiva esa frase de la diputada Orsini, e irrelevante, a mi juicio. No debió haberse emitido.
—También hubo un cambio en el estilo usado por Cox durante la cuestión previa, cuando leyó su presentación, y mientras se discutía el fondo de la acusación, donde habló de forma más espontánea.
—La defensa era casi idéntica en la cuestión previa y en el fondo de la acusación, porque los argumentos eran los mismo. Al principio se produce una lectura detallada y circunstanciada del documento de defensa, pero en la tarde el abogado básicamente ya había planteado sus argumentos, entonces se limitó más bien a enfatizar en aspectos que ya había mencionado en la mañana.
