Fue el martes 3 de marzo, a eso de la 16:00, cuando el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Chile.
"Es el primer caso con coronavirus confirmado en nuestro país. Se trata de un paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad que estuvo de viaje casi un mes, estuvo en Singapur, Malasia, Indonesia, Maldivas y posteriormente España y con retorno a Chile el 25 de febrero", comentó en dicha oportunidad Alfredo Donoso, director del Hospital de Talca.
Desde ese entonces han pasado 34 días, y el brote, que más tarde fue declarado pandemia, acumula más de una veintena de muertos y miles de contagiados en el país.
De la mano de ello, la crisis ha traído consigo la judicialización de la emergencia, ya sea por las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, el actuar de los ciudadanos, e incluso robos.
Poner en peligro la salud pública
Así, por ejemplo, el Ministerio Público ha comunicado decenas de investigaciones por infracción de cuarentenas y medidas preventivas, como el aislamiento establecido por la autoridad, ya sea por estar diagnosticadas, ser sospechosas de ello o haber ingresado al país desde el extranjero.
Entre estos casos se encuentra, por ejemplo, el de la mujer con coronavirus que circuló por un centro comercial de Las Condes, obligando el cierre temporal de un supermercado e implicó además una querella de parte del Gobierno.
Se incluye lo ocurrido en la región del Ñuble, específicamente en la ciudad de Chillán, donde se abrió una investigación de oficio por el foco de contagio que se produjo en un gimnasio, el que sería el responsable de la propagación en toda la ciudad, como también lo de la seremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, quien realizó conferencias de prensa estando contagiada.
"Las exigencias que todos los habitantes de nuestro país debemos cumplir para evitar la propagación del coronavirus, nos comprometen a tomar las máximas medidas de resguardo para no poner en riesgo a quienes trabajamos en el sistema de justicia penal".
Fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena
Otro es el de la mujer de 27 años con coronavirus que escapó del Hospital Las Higueras, de Talcahuano, situación que implicó una búsqueda policial que terminó con su detención en la Vega Monumental de Concepción.
El Ministerio Público está indagando estos hechos como infracción de las reglas higiénicas, poniendo en riesgo la salud pública, además de optar por dejar a estas personas en libertad y a la espera de ser citadas, a fin de no congestionar los tribunales de justicias y no exponer a los trabajadores a posibles contagios.
Ello, sin embargo, no quiere decir que quedarán en impunidad, según recalcó la semana pasada la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, a raíz del caso de la mujer que se fugó.
"Las exigencias que todos los habitantes de nuestro país debemos cumplir para evitar la propagación del coronavirus, nos comprometen a tomar las máximas medidas de resguardo para no poner en riesgo a quienes trabajamos en el sistema de justicia penal", sostuvo.
Contra autoridades e instituciones
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmó que al 27 de marzo se habían presentado 82 recursos de protección en 15 regiones del país contra distintas figuras, como el Presidente de la República, el ministros, seremis de Salud, los jefes de la Defensa Nacional, Gendarmería, Junaeb y Junji.
Las acciones fueron presentadas por profesionales médicos, funcionarios públicos, federaciones sindicales, estudiantes y apoderados, entre otros, quienes solicitan a la Justicia resolver materias de carácter técnico en el ámbito sanitario, pidiendo, por ejemplo, que se decrete cuarentena nacional, ampliación de cordones sanitarios, el uso del modelo de trabajo remoto o teletrabajo.
"Los recursos cuestionan decisiones y acciones privativas del Gobierno en el actual contexto de excepción constitucional adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria que aqueja al país", acotó el CDE en un comunicado.
Y agregó: "(Dicha) materia ya ha sido resuelta por algunas cortes de Apelaciones, fundando sus resoluciones en que no corresponde pronunciarse a los tribunales de justicia por exceder su ámbito de competencia, siendo de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo".
Por su parte, un grupo de 10 chilenos varados en Tailandia presentó hace unos días un recurso de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, por quedar en "total desamparo".
Con ello, se pidió al tribunal acoger la acción y que ordene a la Cancillería "tomar todas las medidas administrativas y/o comerciales a fin de traer de regreso a Chile a todas las personas" que se encuentran en dicho país.
Robos de insumos y materiales, publicidad engañosa y filtración de datos
También se judicializó la sustracción de casi 100 vacunas contra la influeza en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Ercilla, región de La Araucanía.
"Personal de Carabineros recibió una denuncia por parte de funcionarios del Cesfam de Ercilla acerca de la sustracción de una cantidad aproximada de 100 vacunas contra la influenza, las cuales entendemos estaban dispuestas para ser aplicadas a los grupos de la población de mayor riesgo, entre ellos adultos mayores, embarazadas y niños y niñas", sostuvo el fiscal jefe de Collipulli, Enrique Vásquez.
En tanto, la policía uniformada alertó del robo de un camión con materiales de construcción destinados a efectuar la obra de ampliación de las salas de atención del hospital Gustavo Fricke, a fin de mejorar la atención por el brote de covid-19.
Así también, Carabineros denunció la venta de alimentos Junaeb, los que estaban destinados a las canastas de alimentación entregadas a estudiantes que, a raíz de la suspensión de clases, debían ser retirados por las familias de los alumnos.
Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), denunció al banco de células madre VidaCel por publicitar tratamiento para curar el coronavirus. El Sernac anunció la presentación de la acción por publicidad engañosa, asegurando que la empresa arriesga una multa de hasta $75 millones.
En esa línea, el Gobierno también presentó una denuncia por la filtración de datos de personas contagiadas en la región del Maule, calificando la situación como "un hecho gravísimo".
De acuerdo a la denuncia, la situación habría afectado "la privacidad, integridad y seguridad de las personas individualizadas".
