En medio del aumento de contagios por coronavirus, un 45% de la población pasará a cuarentena total desde este sábado, luego de que ayer se decretaran nuevas comunas a Fase 1. Situación que genera incertidumbre en la población respecto a los efectos que un nuevo confinamiento tendrá en la economía y más directamente en el bolsillo de las personas.
Para enfrentar esta situación, el Presidente Sebastián Piñera anunció el pasado 11 de marzo la entrega de un bono para las familias de clase media, entre $400 mil y $600 mil, junto a un préstamo solidario sin intereses para este mismo grupo socioeconómico. Esto sumados a otros aportes como el Ingreso Familiar de Emergía (IFE) o subsidios para el arriendo.
Ayudas que, sin embargo, desde los partidos han señalado que no son suficientes e incluso desde su misma coalición han llamado a ampliarlas, todo en medio del fantasma de un nuevo tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP.
Medida sobre la que, si bien existan varios proyectos, desde La Moneda ya han anunciado que de prosperar recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para frenarla, organismo que ya previamente se ha pronunciado sobre el tema.
Retiro al Fondo de Cesantía
Ayer, en tanto, un grupo de diputados de la UD, encabezados por el jefe de bancada Juan Antonio Coloma, se reunió con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, para manifestarle su apoyo a la idea de permitir un retiro desde el Seguro de Cesantía, como alternativa al tercer retiro de fondos de pensiones.
Propuesta hecha por Lavín y que ya días atrás se materializó en un proyecto de ley ingresado al Congreso por los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN). Iniciativa la bancada gremialista, busca convencer al Gobierno de patrocinar.
La idea es permitir, por única vez, que los afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) puedan retirar un monto base asegurado de $400 mil, y un máximo de $1 millón, lo que beneficiaría a un universo potencial de 10 millones 500 mil personas,
Las presiones de RN
Por otra parte, un grupo de diputados de RN ha manifestado también reparos al bono anunciado por el Gobierno, emplazando al Ejecutivo a avanzar hacia medidas "con mayor cobertura y acceso" y un bono para la clase media "sin restricciones".
Los parlamentarios oficialistas propusieron la entrega de "un bono de $500 mil dirigido a los ocho millones de chilenos más necesitados, lo que tendría un costo aproximado de US$5.500 millones. Cifra muy inferior a los US$19 mil millones que podría costar un tercer retiro y que -acumulado a los dos anteriores- llegaría a los US$54 mil millones, y también por debajo de la idea de recurrir a los US$12 mil millones del Seguro de Cesantía".
Ideas que plantearon los diputados en una carta al Mandatario, suscrita por Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, Jorge Durán, Cristóbal Urruticoechea, Diego Schalper, Ximena Ossandón, Miguel Mellado, Leonidas Romero y Jorge Rathgeb, quienes plantean esta alternativa como opción al retiro del 10%.
Las alternativas de Evópoli
Paralelamente, los parlamentarios de Evópoli también enviaron una carta al Presiente, donde propusieron una serie de medidas para ir en ayuda de las personas y sus familias, al mismo tiempo de recuperar los empleos y fomentar la reactivación económica, en medio de la crisis. Ideas que van en la línea a las planteadas por su presidenciable y ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
De esta forma, los legisladores plantearon "avanzar en la eliminación de aquellas exenciones tributarias que no tengan una justificación razonable, con el objeto de robustecer la legitimidad de nuestro sistema económico y de los mercados".
En segundo lugar, llamaron a “estudiar la implementación de un subsidio a la contratación, masivo y temporal, que se pague directamente a los trabajadores, de manera de complementar el actual subsidio que se paga a las empresas".
En tercer lugar, la idea es avanzar en medidas para que "el Estado pueda refinanciar las deudas de consumo de los hogares", así creen que esto "podría hacerse a través de un préstamo del Estado a tasa real cero por el equivalente máximo de hasta dos meses de renta de una persona, que iría exclusivamente a prepagar deuda de consumo".
"Este préstamo se otorgaría a las personas con ingresos formales y se pagaría en el futuro a través del pago de impuestos. Si tomamos en cuenta los niveles actuales de deuda, tasas de interés y morosidad, una medida de este tipo podría beneficiar a 2,5 millones de hogares tendría un costo fiscal aproximado de USD 500 millones. Para una persona promedio con una renta mensual de 1 millón de pesos y una deuda de consumo de 2 millones de pesos, la medida podría significar una menor carga financiera anual del orden de $500 mil pesos", afirman.
