La madrugada del viernes 19 de marzo, 12 personas fueron detenidas en un departamento de la calle La Gloria, en Las Condes, por participar en una fiesta clandestina. Se hicieron virales, además, los videos de los asistentes resistiéndose a ser detenidos por Carabineros. A pesar de que la Fiscalía había pedido una multa de 6 UTM ($309 mil) para el organizador, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar al sujeto sin sanciones por "intachable conducta anterior".
El caso ejemplifica dos fenómenos que coexisten hoy y que generan preocupación: la multiplicación de reuniones sociales no permitidas por las estrictas normas sanitarias vigentes —y altamente riesgosas por el momento sanitario que atraviesa el país— y la sensación de que las sanciones para quienes participan de ellas no son suficientes.
Fiestas al alza
Según Carabineros, la cifra de fiestas clandestinas en pandemia ha ido en un aumento sostenido. "Este año nuestros carabineros han detectado 115 fiestas clandestinas", explicó a mediados de marzo el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Esteban Díaz. "Tristemente tenemos que informar que en estos dos meses y medio estamos a solo tres fiestas de igualar al total de 2020, cuando fueron 118", agregó.
Otra tendencia preocupante se constata al comparar la evolución de detenidos por participar en estos eventos. "Se observa que desde diciembre de 2020 a la fecha existe mayor participación de personas en fiestas clandestinas. En efecto, 49% de los detenidos en toda la pandemia se concentra en los últimos cien días", detalló. Solo en enero de 2021 se detuvo a más de 900 personas por participar en estas instancias.
Según el Departamento de Análisis Criminal de la institución, el perfil de los asistentes a dichos eventos corresponde en su mayoría a hombres (65% de los detenidos) entre 18 y 36 años, y siete de cada diez personas descubiertas en fiestas clandestinas son de nacionalidad chilena.
"No solo se exponen a contagios, también pueden terminar pagando fuertes multas, tendrán antecedentes policiales por haber cometido un delito contra la salud y podrían terminar siendo responsables de la enfermedad o la muerte de sus familiares o seres queridos", dijo Díaz.
En los últimos días, se han visto más y más ejemplos: la noche del sábado se detuvo a 11 personas en Cerro Navia y a 8 en Las Condes, además de 69 en una masiva fiesta clandestina en Quinta Normal donde incluso había cuatro mujeres embarazadas. Se conoció, además, que el ex vocalista de Los Tetas, Camilo Castaldi, quedó con arresto domiciliario por organizar una reunión. Incluso se descubrió a tres carabineros y a un fiscal participando en este tipo de eventos durante el mismo fin de semana.
¿Cómo sancionar?
La masividad de la conducta vuelve la atención sobre las sanciones que deberían aplicarse a los infractores. Un ejemplo es el que llegó desde Uruguay, país que atraviesa una durísima ola de covid-19 que dejó más muertos en la semana recién pasada que en todo el año 2020. Allí, la Justicia condenó al organizador de una fiesta clandestina a cumplir cuatro horas de servicios comunitarios en el centro hospitalario de Playa Pascual, en San José, por un lapso de seis meses.
Es similar a la idea que planteó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a mediados de enero, al proponer que "estas personas que son detenidas y condenadas, tanto asistentes como organizadores, tengan que hacer un trabajo voluntario, tengan que ir a lugares donde hay que atender enfermos, que sientan más conciencia de lo que es la enfermedad y los estragos que genera, que tengan que relacionarse con familias que están sufriendo, con enfermos que están muchas veces muy complicados", dijo.
En Chile las sanciones más notorias han sido económicas, como las que se aplicaron a los organizadores de las fiestas de Año Nuevo en Zapallar, que fueron de $25 millones para un joven que asistió pese a encontrarse en cuarentena por tener el virus y de $50 millones para un restaurante que superó el aforo establecido y permitió que no se siguiera la norma del uso de mascarillas.
Otra idea es la que presentó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien propone una cuarentena obligatoria en hoteles sanitarios para todos los asistentes, quienes deberían costear su estadía allí hasta contar con un resultado negativo de PCR. "Hay que hacer algo más —y además— de la multa, que parece que nunca se paga", dijo. Sugiere, además, que el motivo quede en el acta de la seremi. "No puede ser esta irresponsabilidad que afecta a decenas, a cientos. Es una 'cachetada' al personal de salud y a todos", dijo.
También han surgido propuestas ciudadanas en redes sociales, donde plantean ideas como hacer participar a los asistentes en labores de higienización de espacios públicos como calles, paraderos, locomoción y baños públicos. Otra iniciativa es capacitar y sumar a los infractores a las labores de trazabilidad de los contagios.
Por su parte, el ex ministro de Salud Osvaldo Artaza señaló en conversación con EmolTV que "hay un nivel de falta de responsabilidad de los ciudadanos", pero que "en políticas públicas no se resuelve responsabilizando a los demás".
