La Fiscalía Nacional entregó un balance respecto a los imputados que han ingresado al sistema de justicia penal por cometer delitos contra la salud pública en el contexto de estado de Emergencia por la pandemia por covid-19.
El número de imputados por este tipo de delitos llega a 529.357 durante el año 2020 y 2021 y, de éstos, 318.922 ya obtuvieron sentencia condenatoria, es decir, el 60% fue condenado por los tribunales de justicia. A la fecha, un total de 446.386 imputados ha sido formalizado o requerido en juicio simplificado y/o monitorio.
Esta última cifra "forma parte de la postura institucional y, particularmente, de los criterios de actuación impartidos por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, de focalizar la persecución penal, principalmente, en reincidentes, empleadores y organizadores de fiestas o eventos prohibidos", indican desde la Fiscalía Nacional.
Principales criterios de persecución
Desde mediados de 2020, el criterio de persecución impartido en el Ministerio Público se ha focalizado en tres aspectos: en empleadores que obligan a sus trabajadores a concurrir presencialmente o bien falsifican permisos colectivos; en organizadores de fiestas o eventos prohibidos durante el estado de emergencia, y en quienes infringen las medidas en más de dos ocasiones.
En el primer caso, el Ministerio Público ha reiterado que no los perseguirá porque entiende que éstos no tienen alternativas ante la imposición de sus jefaturas. Tampoco serán investigadas las personas que se vean forzadas a vulnerar las restricciones de movilidad para generar ingresos o buscar algún tipo de sustento, que de otro modo no podrían obtener.
Respecto de los organizadores de fiestas, reuniones u eventos prohibidos, y quienes asisten a ellos, la Fiscalía ha instado a su persecución porque considera que éstos son potenciales vectores de contagio, lo que constituye, a juicio del Ministerio Público, una conducta claramente delictiva.
