El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló los resultados del XII Estudio Nacional de Transparencia y Protección de datos, el que dio cuenta de un aumento de solicitudes de los ciudadanos por información pública, en búsqueda de beneficios y subsidios durante esta pandemia.
El sondeo fue realizado vía encuesta presencial en hogares y fue aplicada a hombres y mujeres mayores de 18 años de todo Chile, entre el 21 de noviembre de 2020 y el 18 de enero de 2021.
En él, se evidenció que en el
contexto de pandemia por el coronavirus las y los ciudadanos modificaron conductas respecto de cómo y para qué piden información: los niveles de solicitudes vía web aumentan, un alza impulsada mayoritariamente por información sobre subsidios y beneficios (32%), y actualización del Registro Social de Hogares (RSH) con un 10%.
Otros temas que se declara consultar también responden a intereses particulares como vivienda, con un 13%, y un 8% dijo sobre trabajo, cesantía y pensiones.
El sondeo de 2.900 encuestas arrojó un notorio aumento de 8 puntos en comparación al año anterior en las solicitudes de información a organismos públicos; 1 de cada 3 personas declararon haber solicitado información.
32% de los encuestados dijo haber consultado por información sobre subsidios y beneficios
"La demanda por información a organismos del Estado cambió con la emergencia sanitaria. Muchas personas están buscando formas de sobrellevar la emergencia, por ello es central que los servicios deben hacer un esfuerzo por informar más, mejor y de forma oportuna", dijo la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente.
Agregó que "esto va en la línea de lo establecido por una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que subrayó que aunque estemos en estado de excepción constitucional no se suspende ni se congela el derecho de toda persona a acceder a la información que manejan los organismos del Estado, así como a la protección de sus datos personales".
La titular de Transparencia enfatizó que en un cuadro como el actual "las autoridades deben tener claro el impacto y significado que tiene para las personas una solicitud de información". Agregó que "pedir información a organismos del Estado tiene varios fines: rendición de cuentas y hacer control social, combatir la corrupción, y el derecho llave, es decir, solicitar información para exigir otros derechos y o beneficios, como es el caso de un bono”.
"Si usted postuló al bono Covid o al Bono Clase Media y no se lo dieron, tiene derecho a saber por qué no calificó para el beneficio, y esa información la puede pedir a la institución que corresponde (...) Es mi derecho saber qué se decide y se implementa y por qué se tomaron las decisiones", dijo la titular del CPLT. Por ello, el llamado fue a los servicios "a facilitar el acceso a la información, de forma clara y oportuna, en momentos complejos para las personas".
Brecha digital y de género
Dada la situación de pandemia y las restricciones de movilidad establecidas para evitar los contagios, la forma de solicitar la información cambió desde la manera tradicional presencial hacia la digital. Si los encuestados señalaban que en 2013 un 81% pedía información pública de manera presencial (municipio u otra entidad pública) y en 2019 decía que lo hacían 70% presencial, la cifra bajó a 44% en 2020.
En 2019 el perfil de quien solicitaba información en poder de organismos del Estado
eran mayoritariamente mujeres, directamente en los municipios; en 2020 la situación cambió y el porcentaje de quienes declararon hacerlo remotamente a través de páginas web casi igualó a los requerimientos presenciales (43%).
El estudio además reveló que el perfil de solicitantes web que emergió en pandemia, corresponde, en su mayoría a hombres, jóvenes, de un nivel socioeconómico y educacional alto, y que declara ser de la región Metropolitana.
Así, quienes continúan utilizando el canal presencial para ejercer su derecho al acceso a la información serían mayoritariamente mujeres, entre 18 y 40 años, de un nivel socioeconómico y educacional bajo, y de regiones (42%).
42% de las mujeres entre 18 y 40 años, de estrato socieconómico bajo, continúan solicitando información de manera presencial
Ante esta situación, la presidenta del CPLT explicó que el fenómeno podría responder a una "
digitalización forzada", derivada de las restricciones de movimiento en emergencia sanitaria, obligando a la población a recurrir a canales virtuales.
Aquí el CPLT identificó además que: "se producen una serie de brechas, porque existe una desigualdad entre quienes sí saben utilizar las plataformas web y los que no; lo que se ve reflejado en el ejercicio del derecho por parte de mujeres y hombres. Son diferencias que deben preocupar y que hay que trabajar en ellas", dijo De la Fuente.
Notas rojas en acceso a información pública en pandemia
En el estudio, el CPLT incluyó también preguntas para conocer la opinión de ciudadanos y ciudadanas sobre el acceso a información en el combate de la pandemia.
Los encuestados evaluaron con notas bajas, en una escala de 1 a 7, la información que recibieron sobre las medidas de apoyo que ha implementado el Gobierno.
Destacó por ser la más valorada, la información entregada sobre las medidas sanitarias para evitar los contagios (4,6), seguida de la asociada a protocolos de desplazamiento (4,5); la cantidad de casos contagiados (4,2); la cantidad de fallecidos (4,0); los beneficios entregados por el Estado (3,9); los gastos en los que ha incurrido el Estado para enfrentar la pandemia (3,6) y la ayuda del gobierno a las empresas (3,6).
