"En tema de delincuencia falta gestión y voluntad política. Ha subido el índice de asesinatos y lo que hace falta no son leyes: son acciones concretas coordinando el territorio", dijo el 8 de marzo el candidato a gobernador regional, Claudio Orrego (DC). El tópico ha sido abordado profusamente por sus contrincantes: Karina Oliva (C) ha propuesto crear un Consejo de Seguridad Paritario y Catalina Parot (EVO) ha dicho que le dará "la guerra a los narcos". "No estamos aquí para construir muros (...) no vamos a ir con pistolas, esto no es el Far West", dijo, precisamente porque Rojo Edwards (PR) propuso elaborar uno para frenar la delincuencia.
El dato no es baladí. Ya lo exponía a fines de marzo la investigadora del CEP, Carmen Le Foulon, en una columna de opinión: "Bajo la ley actual, quien tiene las facultades en materias de orden público y seguridad no es el gobernador regional, y estas facultades no se le pueden traspasar. El gobernador puede implementar medidas que afecten indirectamente la delincuencia, como podría serlo el aumento de luminarias, pero no tiene atribuciones para medidas de impacto directo, como darle instrucciones a Carabineros, que son justamente las que la ciudadanía asocia más a las promesas de seguridad ciudadana", dijo en La Tercera.
Mucho se ha dicho que este sábado y domingo será la primera vez en que el cargo se elija democráticamente, pero en realidad el escenario es todavía más específico: será la primera vez en que el puesto entre en ejercicio. Los nuevos gobernadores regionales no tendrán las mismas atribuciones que los que hoy ostentan el cargo de gobernador —que son nombrados por el Presidente y dirigen las provincias— ni tampoco las mismas que posee la figura del intendente, una que desaparecerá cuando los elegidos entren en ejercicio.
La figura del gobernador regional surge como una iniciativa para descentralizar el poder, pero no reemplaza de todo al intendente: trabajará junto a un delegado presidencial que será nombrado por el Mandatario y en él residirá el Poder Ejecutivo en cada región. Entre las funciones de este último está "velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes" y "requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio".
El gobernador regional será, en síntesis, el líder del órgano encargado de la administración superior de cada región y velará por su desarrollo social, cultural y económico. Será, además, el presidente del consejo regional durante los cuatro años que dure su cargo y deberá coordinar, supervigilar o fiscalizar los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional.
"El gobernador puede implementar medidas que afecten indirectamente la delincuencia, como podría serlo el aumento de luminarias, pero no tiene atribuciones para medidas de impacto directo, como darle instrucciones a Carabineros"
Carmen Le Foulon
Sus atribuciones son otras: formular políticas de desarrollo de la región, considerando los planes comunales dentro del territorio, y someter al consejo regional tanto el proyecto de presupuesto para el gobierno regional como las políticas, estrategias y proyectos de planes de desarrollo. También le corresponde promulgar, previo acuerdo del consejo, el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales, y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales.
Otro ejemplo que expone Le Foulon como temas abordados en las campañas que no son de competencia del cargo son las medidas referentes al tema laboral, que apuntarían a reducir el desempleo. Y es que también hay aspectos del puesto que todavía están siendo discutidos en el Congreso. En abril comenzó la discusión de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley para implementar la descentralización en la comisión de Gobierno del Senado, lo que podría incidir en el cargo.
"Vamos a elegir a los gobernadores regionales y no van a hacer nada", dijo el senador José Miguel Insulza (PS) en la oportunidad, y la senadora Luz Ebensperger (UDI) aseguró que "se partió al revés: por una descentralización política antes de tener claramente una descentralización administrativa". Por ahora las atribuciones del cargo apuntan principalmente a temas de presupuesto, coordinación y sobre todo planificación territorial, pero se espera que ciertas atribuciones puedan ir traspasándose a la figura una vez que entre en ejercicio.
