Aton (imagen referencial)
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la medida de protección adoptada por el Juzgado de Familia de Calama y ordenó que
unos padres antivacunas cumplan con el plan nacional de vacunación de su hijo.
En fallo unánime, el tribunal declaró que "es claro que la vacunación como herramienta de política pública y que ha sido definida como un bien público, se encuentra dentro de la excepción de la regla del artículo 14 que limita el derecho del paciente para otorgar o rechazar un tratamiento médico".
Así, los ministros Óscar Clavería Guzmán, Jasna Pavlich Núñez y Juan Opazo Lagos, establecieron que el menor de edad debía ser inoculado, pese a la negativa de sus progenitores.
"Es un hecho innegable que por regla general las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero en casos excepcionales como el presente, en que se puede concluir que existe un abuso de esta potestad parental, toda vez que al intentar imponer propias creencias se pone en riesgo la salud del niño, al privarlo de la inmunidad que el plan aporte, actuando en contra de su interés superior, se justifica la intervención del aparato público", se lee en el documento.
El fallo también explica que "desde el punto de vista ético, se justifica la obligatoriedad por el principio de solidaridad, que va más allá del derecho a decidir sobre la vacunación individual, destacando el bien superior de proteger a la totalidad de la población gracias a una alta cobertura".
