SANTIAGO.- El diputado Juan Santana (PS), uno de los impulsores de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ahondó en las razones para promover la presentación del libelo.
"Hay muchos antecedentes que nos han ido compartiendo distintas comunidades escolares del país en orden al perjuicio que ha significado la conducta del ministerio durante este periodo de pandemia en cuestiones como el financiamiento, la no entrega de subvenciones en los tiempos que corresponden, la mala implementación de ley de nueva educación pública", detalló el parlamentario, en entrevista con EmolTV.
Sin embargo, sostuvo que "el principal (motivo), sin lugar a dudas, es que creemos –y estamos convencidos, por los antecedentes que contamos, con la argumentación que ha elaborado nuestro equipo jurídico– que se está infringiendo el principio de resguardar la integridad física y psíquica de las personas (...) y eso genera una vulneración grave a las obligaciones que cualquier autoridad tiene, para este ejemplo, con las personas que forman parte de las comunidades escolares; y no estamos hablando solo de los escolares, también de los docentes y asistentes de la educación".
Al respecto, afirmó que "hay falta de apoyos, falta de financiamiento; pero el principal elemento es que acá hay una responsabilidad que tiene que ver con los derechos humanos, con el derecho de las personas a desenvolverse, en este caso en un ámbito educativo, con plena seguridad". "Creo que el ministro no lo hace de mala fe, pero hay un acto de irresponsabilidad en cuanto a su condición de primera autoridad de la Educación a hacer estas convocatorias (a volver a clases presenciales) sin tener todas las garantías", sostuvo.
"Hoy día lo que se hace es una convocatoria a retorno a actividades presenciales, cuestión que todos queremos, pero sin que existan las condiciones no el apoyo necesario del Estado para esas condiciones cambien", insistió el diputado, apuntando que "desde que comenzó la pandemia, 111 mil niños entre 0 a 18 años se han contagiado con covid-19 y hay 81 casos de fallecidos".
"No podemos hacer cálculo matemático" por apoyos a la acusación
"Todos queremos que las comunidades vuelvan a clases presenciales, pero es indispensable que cualquier política que se vaya a decidir sea en completa seguridad y con las garantías que corresponde, y creemos que eso hoy día no existe. La infraestructura de los establecimientos educaciones en comunas como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea es diametralmente distinta a la que, por ejemplo, existe en comunas como San Ramón, La Pintana o San Miguel, y el ministro de Educación plantea decisiones como si no existiera esta realidad, ése es el problema acá", agregó.
En cuanto a otros reparos hacia el ministro, comentó que "tenemos denuncias de comunidades escolares que no han recibido subvención, que no han recibido financiamiento para llevar a cabo la tarea educativa en circunstancias como la pandemia, en donde las comunidades han tenido que enfrentar nuevos desafíos: por ejemplo, el acceso a clases online el Estado no lo está garantizando". "No ha existido por parte del Mineduc una conducta que permita garantizarle al conjunto de comunidades escolares en primer lugar, tener acceso a las clases bajo el mecanismo que hoy día se está teniendo", subrayó.
Acusó además que "se presentó, hace un tiempo atrás, un proyecto de ley, que nosotros denunciamos, que tenía como objetivo supeditar la entrega de subvenciones, de financiamiento, a los establecimientos a que éstos retomaran sus actividades presenciales". Ante esto, sostuvo que "hay una conducta soterrada del ministro de Educación en orden a presionar permanentemente, constantemente, el retorno a actividades presenciales, y en algunos casos sujetándolo a la entrega de financiamiento a las comunidades".
Respecto de los apoyos que pueda tener la acusación constitucional en el Parlamento, Santana señaló que "será una tarea de quienes impulsamos esta acusación la de convencer a nuestros colegas de que existen méritos suficientes para poder empujar una herramienta constitucional como ésta". De todas formas, sostuvo que "es una obligación que tenemos los parlamentarios fiscalizar. No podemos hacer cálculo matemático respecto a esto, son decisiones de carácter político".
