El tribunal acogió la solicitud del fiscal de San Javier, Patricio Caroca, ordenando a los imputados la prohibición de salir del país.
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El tribunal de San Javier acogió este jueves la solicitud de la fiscalía y ordenó la medida cautelar de arraigo nacional para la "paciente cero" de la variante delta, su hermana y su cuñado, por infracción al artículo 318 del Código Penal, es decir, infringir las normas sanitarias al no haber respetado la cuarentena y haber tenido contacto con otras personas, faltando así a las indicaciones de la autoridad sanitaria.
El juez consideró que los imputados "cumplieron la conducta típica de infringir las normas sanitarias generales que son de pleno conocimiento de quienes las vulneran, máximo cuando los imputados se encontraban notificados y apercibidos a cumplir la cuarentena que se les imponía, conociendo los protocolos existentes".
"Se impone a los imputados la medida cautelar de la prohibición de salir del país, debiéndose comunicarse la decisión a la policía internacional", agregó.
En cuanto a los alegatos de la defensa, quien durante su intervención abrió la discusión sobre los alcances jurídicos del concepto de "salud pública" y tomando como ejemplo resoluciones anteriores de la Corte Suprema, el juez de garantía planteó que se trata de materias "más bien de fondo, que deberán ser resueltas en la instancia procesal pertinente, pero debemos dejar establecido desde ya, que este caso particular, no se puede igualar a las circunstancias expuestas por la defensa", indicó.
El plazo para la investigación quedó establecido en 2 meses, mientras que la defensa pidió que se fijara un día y hora para audiencia de sobreseimiento definitivo para los imputados, la que finalmente quedó definida para el 14 de octubre a las 10:30 horas.
La mujer de 43 años, quien reside en Estados Unidos, arribó el pasado 4 de junio a Chile, y tras dar negativo a un test PCR que se le practicó en el aeropuerto, obtuvo autorización para acudir a acompañar a sus familiares en la comuna de San Javier, tras el fallecimiento de su padre.
No obstante, y según el ordenamiento cronológico expuesto por el fiscal de San Javier, Patricio Caroca, -y elaborado en conjunto con la PDI- la mujer hizo una parada en un servicentro y luego acudió al funeral, donde sostuvo contacto con al menos 20 personas, hechos que acreditó a través de la presentación de material audiovisual.
Al término de la audiencia, el persecutor fue consultado por si esta resolución marca un "precedente inédito" en esta materia. "Más que precedente, los fiscales del país estás realizando el trabajo, mientras esta norma no sea derogada, mientras el Congreso o el Ejecutivo no realice modificaciones, estamos obligados a cumplir la ley. En este caso, la norma pretende sancionar a aquellas personas que pongan en peligro salud pública, y mientras esté vigente, vamos a seguir haciendo de la misma forma nuestro trabajo".
