"Tengo la impresión de que deberíamos tener acceso a una información completa sobre las enfermedades que puedan afectar a candidatos que se están postulando a la presidencia y que puedan tener un efecto en el ejercicio del poder máximo de la nación", explicó el periodista Santiago Pavlovic la noche del miércoles al comienzo del debate entre los candidatos a primarias presidenciales del pacto Apruebo Dignidad en La Red. Tras la introducción, formuló una pregunta a Gabriel Boric (CS).
"Usted abandonó en un momento el trabajo parlamentario porque presentó un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y su convalecencia se prolongó por cuatro semanas más", le dijo. "¿Cuál es su actual condición de salud? ¿Cuál es la evolución de esta enfermedad en su caso? ¿Qué opinan los médicos tratantes respecto a lo que podría ocurrir frente a determinadas situaciones de estrés máximo?", preguntó.
"Es un tema delicado, pero creo que por el cargo al que estamos aspirando corresponde también ser sujeto del escrutinio público", respondió Boric antes de contar lo que había relatado en otras oportunidades: que fue diagnosticado de TOC cuando tenía alrededor de 12 años y que en 2018 se internó de forma voluntaria en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz de la U. de Chile. "En ese momento se había vuelto no invalidante, pero sí me dificultaba ciertas actividades de la vida cotidiana", relató.
Boric detalló su estado actual de salud. "Hoy día estoy bien. Estoy con tratamiento permanente, porque esto es una enfermedad que no se pasa, y estoy con medicamentos —que en este minuto no me acuerdo el nombre, pero que puedo hacer públicos sin problema— con cuatro dosis diarias y monitoreado permanentemente", detalló. Pavlovic contrapreguntó: "En caso de estrés extremo, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Qué puede pasar? ¿Tú puedes enfrentar casos de estrés?".
"Realmente hay momentos de grave crisis en el ejercicio del poder", continuó el periodista, "pero creo que en todos los países del mundo es casi una obligación hacer un escrutinio sobre la salud mental de las personas que aspiran a ejercer el poder". Más allá del caso particular de Boric, el episodio abrió una discusión: ¿Es exigible pedir antecedentes médicos a una persona que aspira a acceder a un cargo público de suma relevancia para el país? ¿Prima la privacidad del paciente o la transparencia exigida a la autoridad?
La vereda de la transparencia
"Este es un debate súper extendido a nivel mundial", responde a Emol el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht. "El límite siempre lo estamos asignando a aquellos que optan a la primera magistratura. Esa es la discusión. Para el resto de los ciudadanos, incluso para otras autoridades públicas, se debe respetar siempre la privacidad de un dato sensible como es su condición de salud", agrega.
"El límite siempre lo estamos asignando a aquellos que optan a la primera magistratura. Esa es la discusión. Para el resto de los ciudadanos, incluso para otras autoridades públicas, se debe respetar siempre la privacidad de un dato sensible como es su condición de salud"
Alberto Precht
"En el caso de aquellos que postulan a la primera magistratura o que ya fueron electos como Presidente o Presidenta, evidentemente es un dato importante saber su condición de salud para efectivamente tomar una buena decisión", explica Precht, que se dedica hace años a investigar y trabajar en temas de transparencia.
Lo que no puede ocurrir, agrega, es "que la pregunta sea estigmatizadora". "Creo que, en este caso, ese fue el límite que se traspasó", opina. "En el fraseo, y sobre todo en la contrapregunta, hubo un tono un poco más estigmatizador que de interés de conocer la condición de salud del candidato", menciona.
Precht destaca que la carta del Frente Amplio "ha hecho público su caso por su propia voluntad, entendiendo que es un dato importante que los electores deben conocer". "Lo importante es entender que una persona que tiene un trastorno de este tipo, como lo tienen muchos chilenos, no tienen ningún inconveniente para poder optar a la primera magistratura", refuerza.
La vereda de la bioética
"Es una pregunta no menor", dice por su parte el subdirector del Centro de Bioética UC, Rodrigo López. "Por un lado tienes un paciente que tiene derecho a la privacidad y la confidencialidad, pero por otra parte tienes el interés del bien público y efectivamente hay algunas situaciones de salud que podrían comprometer la capacidad de tomar decisiones, y hablo no solo de salud mental sino también física. Ahora: ¿Cómo se dibuja ese límite?", plantea.
"No corresponde preguntar, de manera dirigida, como si yo tuviera derecho a saber lo que le pasa a la persona. Yo a lo que tengo derecho es a saber si está en condiciones o no, pero los detalles no tienen por qué ser de dominio público"
Rodrigo López
"Cuando alguien me viene a ver en mi calidad de médico, nadie me pregunta por mis antecedentes de salud, entonces yo creo que no corresponde preguntar, de manera dirigida, como si yo tuviera derecho a saber lo que le pasa a la persona. Yo a lo que tengo derecho es a saber si está en condiciones o no, pero los detalles no tienen por qué ser de dominio público", opina el anestesiólogo. "No es exigible", dice.
En la Facultad de Medicina UC, relata López, solían hacer entrevistas psicológicas a todos los postulantes a posgrados, pero eventualmente notaron que no era necesario. "Llegamos a la conclusión de que lo haríamos solamente en aquellos cargos que tenían que tomar decisiones de mucha responsabilidad en muy corto tiempo. Para un médico internista, que efectivamente tiene que tomar decisiones de responsabilidad pero tiene la posibilidad de conversarlo con más personas, no nos pareció necesario", cuenta. "En cambio, alguien de medicina intensiva o urgencias, donde las decisiones son apremiantes y pueden significar la muerte del paciente, las entrevistas se mantuvieron", dice.
"Para el caso de un Presidente, no me parece indispensable. Un Presidente no toma decisiones solo, porque tiene todo un equipo alrededor. Al contrario: me parece que alguien que tiene un médico tratante y que lleva mucho tiempo en evaluación tiene más herramientas para juzgar en qué momento esto le está jugando una mala pasada y probablemente puede pedir más apoyo", comenta. "Tener una patología diagnosticada y manejada hace tanto tiempo probablemente lo hace incluso más apto".
La vereda del derecho
Pablo Marshall, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, tiene doble credencial: se dedica al derecho constitucional, pero también a temas de discapacidad. "Aquí hay varias cosas que se cruzan", empieza explicando a Emol. Lo primero: preguntar a un candidato por su condición de salud "no constituye un atentado contra ningún deber legal de reserva de información", porque esa protección existe para el médico y la institución de salud. "Tú puedes preguntarme si yo tengo VIH y yo, por mi parte, estoy en mi legítimo derecho de contestarte si tengo o no, o de decirte que eso es parte de mi intimidad", dice.
"Hay una legítima expectativa de la ciudadanía de conocer el estado de salud de sus potenciales candidatos (...) pero tiene como límite no discriminar cuando la función del cargo puede ser efectuada bajo un tratamiento"
Pablo Marshall
"Desde el punto de vista de la función pública y de la calidad de candidato de una persona, creo que hay una legítima expectativa de la ciudadanía de conocer el estado de salud de sus potenciales candidatos", explica. Ello se basa en un artículo de la Constitución que "establece que los Presidentes de la República cesarán en su cargo cuando no tengan una salud que sea compatible con el cargo", detalla. "En el caso del ejercicio de cargos de decisión pública, la expectativa es que esas personas puedan funcionar y tomar buenas decisiones", expone.
Marshall agrega otra consideración: explica que "tener una enfermedad o una discapacidad son características personales que no pueden usarse para hacer distinciones discriminatorias para seleccionar a una persona". Incluso cuando un trabajo exige cierta capacidad física —por ejemplo, estar de pie todo el día frente a un mostrador—, el derecho de la discapacidad agrega una "exigencia" para subsanar ese obstáculo —como habilitar una silla que permita a quien no pueda mantenerse de pie ejercer esa función—, lo que se conoce como "ajuste razonable".
"Entonces, hay una expectativa de que la persona que postula no tenga, por ejemplo, una esquizofrenia no tratada que afecte su capacidad de tomar decisiones, pero esa expectativa tiene como límite no discriminar cuando la función del cargo puede ser efectuada bajo un tratamiento o cumpliéndose ciertos ajustes razonables para que eso no afecte el rendimiento", dice. "Es discriminatorio pensar que, porque tiene una condición, no está habilitado para ejercer un cargo. Una persona con una enfermedad tratada es tan vulnerable al estrés como una persona sin ningún diagnóstico", cierra.