"Se administró e informó a la autoridad sanitaria de la aplicación de una tercera dosis de vacuna (en otras oportunidades). La respuesta oficial fue el seguimiento y estudio de la situación, pero no la apertura de un sumario sanitario, como intempestivamente ocurre ahora", dijo la Clínica Las Condes (CLC) a través de un comunicado luego de que la Seremi de Salud de la RM decidiera cursarle un sumario sanitario por haber aplicado una tercera dosis de la vacuna de covid-19 al presidente de su directorio, Alejandro Gil.
Debido al antecedente de otras vacunaciones con tres dosis dentro del recinto, la CLC acusó que existen "vicios legales" en la acción impulsada por la autoridad sanitaria, una diferencia que abordó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, este jueves durante el balance de la situación del covid-19 en el país.
Daza explicó que se han generado "errores programáticos en relación a la vacunación" (EPRO) "por distintos motivos, la mayoría de ellos errores humanos", dijo. "La persona, antes de registrar en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI), coloca la vacuna. Después se da cuenta de que la persona tiene las dos dosis", contó.
En ese caso, "lo que se hace es un seguimiento, se pide al centro que haga una mejora y también una vigilancia de la persona para asegurar que no tenga eventos adversos", detalló. "Esto es muy distinto a la notificación que se hizo por personal de salud de la misma CLC donde la notificación es que ellos fueron obligados a colocar una tercera dosis. Son errores programáticos distintos y en función de esa notificación se decidió realizar una investigación", explicó.
La idea fue reforzada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. "Cuando una persona llega a exigir una vacuna, saltándose la fila y no solo eso sino que además se apropia de un bien que es del Estado, no hay un error: hay una intención de ponerse una vacuna y, desde la perspectiva del Gobierno, de apropiarse de un bien que es del Estado", dijo.
"Para nosotros eso reviste características de delito penal y es por eso que hemos presentado una denuncia a la fiscalía junto con la subsecretaria Daza", dijo, al tiempo que mencionaba que esas dosis de Pfizer "estaban destinadas a ser administradas a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al calendario de vacunación".
"No solo eso: inclusive después se entregó un certificado médico para intentar justificar esta vacunación dos días posteriores al hecho de la vacuna. Desde nuestra perspectiva, también hay una intención de asegurar lo que se había cometido, que es voluntariamente y con intención ponerse una vacuna que correspondía a otras personas", dijo. "La CLC puede tener su defensa, como corresponde. Nosotros tenemos otra opinión y por eso la estamos buscando hacer valer en tribunales".
