"Convergencia del progresismo: Un mandato histórico", es el título de una carta suscrita por 28 figuras de la centroizquierda y miembros de los comandos de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), en la que proponen construir un "acuerdo de gobernabilidad" de cara a la segunda vuelta presidencial.
La misiva, dada a conocer este jueves, fue firmada por ex ministros de la Concertación y la Nueva Mayoría como Nicolás Eyzaguirre y Carolina Tohá, asesores del abanderado de izquierda, Daniel Hojman y Stephany Griffith Jones, y también de Provoste, como Guillermo Larraín, entre otras ex autoridades y colaboradores de gobiernos anteriores.
En el texto, recuerdan que "los millones de compatriotas que salieron pacíficamente a las calles el 25 de octubre de 2019 expresaron una clara demanda por reformas profundas que reduzcan la desigualdad y que instauren la dignidad como práctica y costumbre. En democracia, reformas profundas
exigen mayorías sólidas que las sustenten".
"El proceso constitucional en marcha y la perspectiva de un gobierno progresista abren una oportunidad histórica única que no podemos desperdiciar. Chile necesita la convergencia de las fuerzas progresistas. Llamamos a las candidaturas del progresismo a privilegiar la construcción de puentes programáticos", añadieron.
En esa línea, recalcaron la necesidad de facilitar "la convergencia en la segunda vuelta presidencial y evitando una profundización artificial de las diferencias. Las convergencias programáticas entre las candidaturas de la centroizquierda son sustantivas".
"Por ello, proponemos un acuerdo de gobernabilidad preciso y realista, una suerte de contrato, que incluya las primeras medidas para iniciar el camino hacia las transformaciones anheladas en reforma tributaria, pensiones, laboral, salud, educación, medio ambiente, descentralización, apoyo a pymes y rol del estado, entre otras", recalcaron.
Según los impulsores del manifiesto, para que sean exitosas esas propuestas es necesario que cuenten "con el apoyo de una amplia mayoría social y política. El acuerdo de gobierno puede asumir diferentes modalidades, por ejemplo, un compromiso de colaboración Ejecutivo-Congreso o la construcción de una coalición amplia de gobierno".
"Lo importante es que la estrategia de cambios esté fundamentada en la construcción de mayorías que permita ponerla en práctica. Diversas experiencias progresistas, en Chile y en el mundo, muestran que una articulación defectuosa entre la política de corto plazo y los objetivos de largo plazo, más allá de las buenas intenciones, puede conducir a lamentables retrocesos políticos y sociales", advirtieron.
Once desafíos conjuntos
Los impulsores de la carta identificaron además los temas en los cuales se debe fundar el acuerdo. En el primer punto, denominado "compromiso nítido con transformaciones profundas", destacaron que los problemas más acuciantes son crear una "red de protección social" en pensiones, salud, vivienda y educación.
También mencionaron "la recuperación del crecimiento con un sello verde, innovación y transformación productiva, mejorar empleo y salarios, fortalecer derechos colectivos, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, fortalecimiento de la descentralización, el conflicto de la Araucanía y la crisis migratoria", entre otros.
En el segundo, señalaron la necesidad de
"ajustar las expectativas", ya que "el compromiso con las transformaciones debe asumir que hoy existe una brecha enorme entre expectativas y posibilidades efectivas. Es necesario hablar siempre con la verdad, con transparencia".
"Lamentablemente el desprestigio de la profesión de economista, gracias a un uso abusivo del neoliberalismo, ha eliminado del debate la noción fundamental de la existencia de restricciones objetivas. No todo es posible de realizar en plazos cortos. La billetera fiscal no es infinita", subrayaron.
En esa línea, plantean que "los impuestos no pueden subir drásticamente en un par de años. La capacidad del estado es limitada por lo que es indispensable mejorar sus niveles de eficiencia. En tal sentido, el próximo gobierno debe ser visto como una decisiva primera etapa en la construcción de un nuevo Chile".
Los firmantes coincidieron además en que "el progresismo debe mostrar su compromiso con el crecimiento sostenible, en un marco de responsabilidad fiscal, la contención de la inflación y el control del desequilibrio externo. Ello significa definir los parámetros de la regla fiscal y un firme compromiso con metas de déficit efectivo y estructural proyectados y la estrategia de financiamiento".
"El financiamiento sostenible de un Estado de mayor tamaño
sólo puede venir del crecimiento económico y de un aumento permanente y significativo de la recaudación tributaria para llevar los ingresos fiscales a niveles más cercanos al promedio de la OCDE en un plazo no superior a una década", recalcaron.
Los expertos mencionaron en cuarto lugar la importancia de "evitar la recesión en 2022. Necesitamos una consolidación fiscal seria, ello quiere decir técnicamente rigurosa, socialmente justa y políticamente viable. Hay que evitar que el nuevo gobierno asuma con nuevos estallidos y una presión social difícil de contener".
"Una reducción demasiado brusca en el gasto fiscal y en el consumo podría inducir una recesión evitable y absurda. La reducción en el nivel de gasto público es necesaria, pero hay que hacerlo definiendo una trayectoria de consolidación fiscal viable y creíble (…) resta aún un margen razonable para elevar la deuda pública", aseguraron.
El texto señala que "las políticas fiscal y monetaria no podrán ser expansivas en 2022. Con todo, la deuda pública bruta, a fines de este año estará en torno al 35% del PIB, con lo cual queda un margen de endeudamiento disponible que se puede utilizar en 2022 para financiar aquellos gastos que se estimen fundamentales, mientras se aprueba una reforma tributaria y de pensiones que permitan consolidar una trayectoria convergente de las cuentas fiscales".
"Los desencuentros entre el centro y la izquierda entre 1964 y 1973 abrieron paso al desplome de la democracia y a 17 años de dictadura".
Extracto de la carta
En los últimos apartados, aseveraron que el próximo gobierno debe tener "una deuda pública sostenible", una mayor recaudación mediante la premisa de
"que los que más tienen, paguen más" con impuestos a los súper ricos y la reducción de la elusión y evasión fiscal y la desintegración plena del sistema tributario, entre otras ideas.
Igualmente plantearon que se deben hacer cambios al Presupuesto 2022, ya que "el recorte de más de US$20.000 millones debe ser corregido, hay que dejar espacio para enfrentar posibles rebrotes de la pandemia y hay que ampliar los US$700 millones de 'libre disponibilidad' para financiar los nuevos programas".
Otro punto es la "imprescindible modernización del Estado. La reforma del gobierno central debiera marcar el presupuesto para 2023. Mejorar la capacidad y eficiencia del Estado y asegurar el trato digno a las personas que atiende, debiera estar en el corazón del acuerdo progresista para un nuevo Chile".
Finamente, llamaron a "aprender de la historia", ya que "las divisiones al interior de las fuerzas progresistas, la confrontación entre el centro y la izquierda sólo anticipan derrotas para el movimiento popular. Pese a la similitud de sus propuestas, los desencuentros entre el centro y la izquierda entre 1964 y 1973 abrieron paso al desplome de la democracia y a 17 años de dictadura".
Entre los signatarios están los ex secretarios de Estado Álvaro García, Carlos Mladinic, Carlos Ominami, el ex tesorero general de la República, Hernán Frigolett, y los economistas Andras Uthoff, Álvaro Díaz, Osvaldo Rosales, Andrés Palma, Roberto Zahler y Jacqueline Saintard.
También figuran María José Becerra, Pía Castelli, Ana María Correa, Luis Eduardo Escobar, Álvaro Gallegos, Lysette Henríquez, Christian Larraín, Jorge Leiva, Francisco Meneses, Marcela Palominos, Diego Portales, Andrés Sanfuentes, Patricia Silva y Andrés Zahler.
