Superintendencia del Medio Ambiente ya puede fiscalizar y multar por faltas a ley ambiental

SANTIAGO.- La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informó que hoy ha dado inicio a su funcionamiento "con plenas facultades de fiscalización y sanción". La SMA celebró que el país cuenta desde hoy y por primera vez con "un órgano especializado que ejecutará, organizará y coordinará el cumplimiento de la normativa ambiental".

Esa Superintendencia será la encargada de vigilar el cumplimiento del cuidado ambiental en todo el país, "a través de una fiscalización estratégica, apoyada por un equipo altamente especializado y tecnología de punta", destacó la SMA, en un comunicado. 

Además, se puso énfasis en que con la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales, la SMA asumirá por completo el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), además de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, el contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y los Planes de Manejo, además "de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley".

La SMA se preocupará de fiscalizar proyectos, actividades y fuentes que puedan generan impacto en diversas áreas, sin importar si se trata de entes privados o públicos. Así, fiscalizará cuatro áreas: asuntos atmosféricos, asuntos hídricos, sistema de vida de las personas y biodiversidad.

La SMA ha explicado que para poder fiscalizar, no sólo contará con funcionarios y equipos propios, sino que además puede encargar ciertas actividades de fiscalización a otros organismos dentro del Gobierno, así como también, podrá contratar a entidades técnicas externas que se hayan acreditado para poder cumplir esta función.

Una vez que la SMA esté en pleno funcionamiento, podrá aplicar fuertes multas a quienes infrinjan la ley ambiental. Estas multas son 240 veces más altas que las que se aplican hoy, elevándose hasta las 10.000 UTA (unos US$ 10 millones). Además, la superintendencia podría decretar el cierre temporal o definitivo de los "proyectos, actividades o fuentes donde se registren infracciones gravísimas e incluso suspender la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó su operación".