Agencias que asesoran a colegios advierten que si se les prohíbe lucrar muchas dejarán de existir

SANTIAGO.- Las agencias de Asesorías Técnicas de Educación (ATE) criticaron la indicación que se aprobó ayer en la Comisión de Educación de la Cámara que las obliga a convertirse en corporaciones sin fines de lucro en un plazo de dos años.

La indicación, presentada por la diputada Yasna Provoste (DC), fue respaldada por los diputados de la Nueva Mayoría, pese que no estaba en el proyecto original del Ejecutivo.

Las ATE prestan asesorías a los colegios para que implementen planes de mejora pedagógica y cobran sus servicios con cargo a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a los alumnos más vulnerables.

Según informa "El Mercurio", tras conocer que la indicación fue aprobada, varios representantes de esas empresas cuestionaron la iniciativa y advirtieron que, si ésta prospera en su tramitación en el Congreso, muchas ATE dejarán de existir.

Tomás Ariztía, presidente de la agencia Aptus Chile, una de las más grandes, sostuvo que "las ATE no son más que empresas prestadoras de servicios a los colegios y hay muchas que no se van a constituir como sin fines de lucro". Por eso dijo que, de aprobarse el proyecto con esta modificación, "se va a restringir la cantidad de servicios que se van a poder contratar, sobre todo los más sofisticados, y a reducir la cantidad de proveedores".

Lo mismo señala Mauricio Ojeda, director de tecnología y servicios educativos de Arquimed. "Muchas de las empresas viven de esto y, al tener que transformarse en instituciones sin fines de lucro, no podrán seguir. Creo que el coartar el trabajo de instituciones serias va en desmedro de muchos colegios", afirma.

En tanto, Luisa Marchant, socia de la agencia Consultora Educación, también dijo que no podría seguir "porque no me da para convertirme en fundación". "Lo que busco es obtener una remuneración adicional a mi pensión, y no hacemos más de cinco asesorías al año, así que no podría seguir existiendo", explicó.

Dichas agencias creen que el acento debe estar más bien en la regulación y en la fiscalización de los recursos, en lugar de la persona jurídica de la empresa. "Si hay problemas de transacciones de platas de la subvención preferencial entre instituciones relacionadas, es otro problema y eso puede regularse", señala Ariztía.

En la misma línea, Ojeda dice que "estamos muy de acuerdo en que haya mayor regulación en cuanto a que no haya relación entre la institución de asistencia técnica educativa y el establecimiento y que después se haga una evaluación".