El fabricante de automóviles japonés Mitsubishi Motors confirmó esta jornada que a inicios de año pagó una multa de 25 millones de euros dispuesta por la justicia alemana en el marco de la investigación abierta luego que estallara el escándalo conocido como Dieselgate.
Esta investigación se inició en 2015 luego que se conociera que Volkswagen y otros fabricantes manipularon electrónicamente las emisiones de sus vehículos para cumplir con las normas medioambientales de Europa y Estados Unidos.
"La fiscalía de Frankfurt impuso una multa" de 25 millones de euros a fines de marzo pasado a Mitsubishi, sanción que "no hemos apelado", dijo a la agencia AFP un portavoz del fabricante en Japón.
El vocero añadió que una vez conocido el fallo, Mitsubishi Motors decidió pagar inmediatamente la multa, hecho que se concretó "antes de fines de marzo".
La agencia Bloomberg informó que con el pago de la multa, el socio de Renault y Nissan puso fin a una investigación de la justicia alemana, que en 2020 había allanado varios sitios de la empresa.
La justicia alemana acusaba a Mitsubishi de haber vendido vehículos no conformes a las normas debido a una falta de "supervisión" de directivos intermedios del grupo.
El fabricante japonés afirmó que no había cometido "ningún fraude" en los niveles de contaminación de sus motores diésel después de estos registros, concentrados especialmente en sus motores diésel de 1,6 y 2,2 litros certificados según las normas EURO 5b y 6b.
El gran escándalo de los motores diésel manipulados estalló en 2015, cuando el fabricante alemán Volkswagen admitió haber equipado a 11 millones de vehículos con programas informáticos capaces de distorsionar el nivel de las emisiones.
Otros fabricantes de automóviles fueron acusados desde Daimler hasta Fiat Chrysler, pasando por los franceses Renault y PSA (entre ellos su marca alemana Opel), e incluso el proveedor alemán Bosch.
La multa recibida por Mitsubishi "establece que en el pasado se produjeron violaciones debido a la negligencia de las tareas de supervisión relacionadas con los procedimientos de aprobación", dijo el portavoz.
"No se comprobó que se hubieran violado esos procedimientos a sabiendas o deliberadamente", y la fiscalía de Frankfurt "no identificó ningún comportamiento intencional o fraudulento", añadió.
