SANTIAGO.- La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció esta mañana el postergado Fondo de Infraestructura, en momentos en que el Gobierno busca apuntalar la economía.
En un acto en el Palacio de La Moneda, la Mandataria destacó que esta iniciativa "obviamente tiene que del más alto nivel y debe avanzar a la velocidad que el país requiere con planificación y de acuerdo a las necesidades estratégicas de nuestra economía".
Su objetivo será la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos a los mismos.
Este Fondo será 99% propiedad del Estado y 1% de Corfo, mientras que las acciones de esta sociedad serán inajenables. Los ministros de Hacienda y Obras Públicas serán los representantes del fisco en la junta de accionistas.
El directorio será nombrado por el jefe de Estado: dos de ellos a propuesta del MOP y los tres restantes a partir de ternas propuestas para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. No podrán ser propuestos ministros, subsecretarios, jefes de servicio, parlamentarios; dirigentes políticos, sindicales o gremiales; alcaldes ni candidatos a cargos de elección popular, entre otros.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó posteriormente que este Fondo contará con un monto de US$9.000 millones, para desarrollar los proyectos.
"Esta es la iniciativa de asociación público-privada más importante desde que se creó el sistema de concesiones. Lo que estamos haciendo es crear un fondo de infraestructura que se financia de una manera bastante innovadora, a partir del valor que tiene el Estado en las concesiones en el futuro", destacó el secretario de Estado.
"La verdad es que las cifras finales las va a determinar el mercado, porque los mercados van a determinar cuánto valen los valores futuros, pero las primeras estimaciones hablan de una cifra del orden de los 9 mil millones de dólares, que de todas maneras va a ser gradual el ingreso en ello", destacó.
Por último, esta compañía se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas y quedará sometido a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y de la Contraloría General de la República, por lo que esta empresa deberá ser una empresa solvente y con rentabilidad privada positiva.
