SANTIAGO.- Tras una discutida reunión, que comenzó a las 07:30 horas de este lunes, el Comité de Ministros rechazó por tres votos a favor y dos en contra la construcción del proyecto minero portuario Dominga.
Fueron los ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente los que votaron en contra de la mina que contemplaba situarse en la comuna de La Higuera, mientras que Minería y Energía votaron a favor de su construcción.
Sin embargo, y aunque la instancia mantuvo la decisión de la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo que se pronunció como desfavorable al proyecto, aún le quedaría a la empresa -Andes Iron- una posibilidad para tratar de que Dominga vea la luz.
"Este proyecto ha sido rechazado a nivel nacional, pero quedarán para todos los reclamantes la instancia del Tribunal Ambiental en cuanto a si se sintieran insatisfechos con el pronunciamiento del Comité de Ministros", indicó el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Luego agregó que "si no se resuelve en ese caso, los reclamante podrán ir a la Corte Suprema como ha sucedido con otros proyectos anteriormente".
De hecho, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido aseguró esta tarde que, como empresa, recurrirán a estas dos instancias para que el proyecto se apruebe, ya que sostiene que "cumple a cabalidad con la institucionalidad medioambiental de este país".
"Vamos a usar todas las herramientas que nos da la institucionalidad existente y eso es Tribunales Ambientales (...) y si es necesario, vamos a llegar a la Corte Suprema".
Pero aclaró que, en estos momentos dependen del Comité de Ministros ya que "tiene que emitir su resolución del rechazo y, en base a eso, nosotros vamos a apelar y reclamar a los Tribunales Ambientales sin duda".
El proceso que vendrá tras el futuro reclamo de Andes Iron
Nelson Urra, director de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor, explicó a Emol que primero, el Tribunal Ambiental debe acoger la demanda. "Lo que hacen es determinar si la información presentada por las partes -Andes Iron y el Comité de Ministros- es válida".
"De ser así, se procede a hacer el análisis y son los analistas ambientales del tribunal quienes analizan las dos visiones y definen si la medida de rechazo por parte del comité fue la adecuada", indicó Urra.
Dicho análisis, según el académico, duraría entre cinco y ocho meses y destacó que "el Tribunal Ambiental es la instancia que formalmente nos da seguridad de transparencia y de legitimidad ante este tipo de proyectos porque es totalmente independiente al poder del Estado y es el poder judicial el que termina por verificar si los antecedentes expuestos por ambas partes son, o no, causantes de revertir la medida".
Las decisiones que podría tomar el Tribunal Ambiental
El tribunal tiene la capacidad para echar pie atrás con la decisión del Comité de Ministros y aprobar el proyecto, o ratificar lo decidido hoy.
En el último caso, "si el tribunal ratifica lo del Comité y falla en contra del proyecto, la empresa tiene dos opciones: cancelar la iniciativa o reestructurarla completamente", indicó Urra.
"Sería partir de cero, la empresa podría presentar una reestructuración completa en función de las objeciones que tuvo, por ejemplo, ver la posibilidad de usar otro puerto e incluir estudios asociados a emisiones e impacto en la población, lo cual no estaba bien definido anteriormente ", señaló.
Sin embargo, "eso significaría someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental de nuevo, con todos los tiempos de demora que eso implica, que son por lo menos dos años".
Por otra parte, la posibilidad de que el caso pudiera escalar a la Corte Suprema, Urra la ve poco probable, ya que para hacerlo tendría que haber sido rechazado primero por el tribunal y "cuando eso pasa y dirime en contra, es muy difícil de que la corte acoja cualquier apelación por parte del demandante".
