¿No hay riesgos económicos?: Sectores discrepan con Marcel y exponen impactos que tendrían normas aprobadas por la CC

"Mi opinión, hasta aquí, es bastante favorable", aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en relación al trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. "Lo que he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos", resaltó.

Las palabras del jefe de las finanzas públicas fueron expuestas en la noche del domingo, durante un programa de TVN. A su juicio, los temas que generaban mayor incertidumbre en el mundo privado ya están resueltos en el borrador de la nueva Constitución, como el derecho a la propiedad privada o las reglas para llevar a cabo una expropiación, la cual sería indemnizada a un "justo precio".

Sin embargo, desde algunos sectores económicos no tienen la misma impresión que Marcel. En entrevista con EmolTV, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, aseguró que "no hay ni un peso en proyectos de inversión hoy en el sector comercio", y apuntó como principal responsable a discusión que se está dando en la Convención. "Teníamos inversiones por sobre US$3 mil millones anuales en el sector y hoy día no hay nada", subrayó.

Y eso, sostuvo, diría que tiene que ver fundamentalmente con eso (la Convención). Los conceptos que se han ido aprobando son preocupantes. El concepto de propiedad privada y las eventuales expropiaciones, eso hace que la gente no esté invirtiendo (...). Si uno invierte en un recinto que el día de mañana puede ser expropiado, claramente a nadie le dan ganas de poner sus recursos en ese lugar".

Por eso, recalcó, "tengo ahí un punto de discrepancia con el ministro (Marcel)", dando cuenta de sus reparos en cuanto, por ejemplo, al concepto de "justo precio" que se aprobó el pleno de la Convención para valorizar las indemnizaciones de bienes privados que sean expropiados.

"Cuando la propia Constitución hoy día está poniendo especial protección a los pueblos originarios respecto de la recuperación de tierras, ¿qué significa esa especial protección? Cuando el Estado vaya y expropie, esa especial protección puede que sea incluso un precio más bajo que el precio de mercado, y ese precio puede ser que para el Estado hoy día sea un precio justo, sin embargo para quien es dueño de ese predio, de ese local, puede que no lo sea. Claramente ahí se va a producir una discrepancia", expuso.

Además, agregó, "todavía está pendiente la forma de pago, ¿cómo se va a pagar esto?¿Cómo va a ser el proceso de pago de la expropiación?".

Por otra parte, para Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, "sin duda la discusión que lidera la Convención Constitucional sobre normas mineras y otras que sugieren que ciertas materias queden sujetas a ley simple, producen un ambiente de incertidumbre que tiene un impacto inevitable en el desarrollo y cartera de futuras inversiones del sector".

"La minería necesita medidas razonables, que entreguen certeza y estabilidad a la industria debido a sus altos niveles de inversión y largos periodos de maduración", dijo. "En ese sentido, la comisión de Medio Ambiente tiene una nueva oportunidad para presentar una propuesta que apunte a enfrentar los desafíos de la industria, sin comprometer su contribución a la economía del país", acotó Villarino.

A su vez, Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), manifestó que "en los últimos días hemos visto como el pleno de la Convención ha aprobado normativas que tendrán graves impactos en el sector agrícola".

En esa línea, enumeró algunos, como el artículo que establece que la naturaleza sea sujeto de derecho, dando espacio a que estos "colisionen con los de las personas, por ejemplo, agricultores, por lo que abriría una larga disputa e incertidumbre jurídica".

"Si la naturaleza tiene derechos, las posiciones extremas podrían argumentar en un futuro, que la aplicación de fitosanitarios o la producción de determinados cultivos entrarían en conflicto con el derecho de la naturaleza a mantenerse y preservarse en su equilibrio original. Incluso la sola preparación del terreno para cultivar podrá ser considerado un atentado a la naturaleza. Esto tendrá un grave impacto en la producción y precio de los alimentos", señaló Allendes.

También criticó la calificación de "bienes comunes naturales" a recursos como el agua, estableciendo con ello, a su juicio, "deberes de conservación especiales, que generan incertidumbres permanentes y efectos negativos en la inversión y producción de alimentos". Además, respecto al tratamiento que se le da al uso de agua en el borrador constitucional, Allendes cree que "la modificación de un sistema de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas a un sistema de concesiones debilita la certeza del acceso al agua, dado que, la principal característica del derecho de propiedad es su perpetuidad en el tiempo y, por ende, elimina la incertidumbre respecto al acceso legal a las aguas".

"Lo anterior tendrá un impacto en la inversión en el sector proveedor de alimentos, ya que quedará expuesto a la decisión y criterio del funcionario de turno y a la orientación que el Estado le quiera dar a la producción agrícola. Esto afectará a más de 400 mil titulares de derechos del agro y otros servicios básicos, y a más de dos millones de empleos directos e indirectos en el sector", aseguró.

Al mismo tiempo, cuestionó el artículo que indica que "es deber del Estado asegurar soberanía y seguridad alimentario", expresando que aquello "atentaría gravemente contra el derecho de libre elección de los agricultores para producir sus alimentos, y de buscar la mejor alternativa para su crecimiento (...). Será entonces el Estado el que decida qué, cómo y dónde producir". A la vez que criticó la modalidad de derecho a la negociación colectiva que se estableció, la cual "puede impactar tanto a la economía del país, como al sector agrícola, ya que no distingue diferencias entre las empresas".

"Todas estas normativas, sumadas a las de otras comisiones, harán que Chile sea menos competitivo, sin interés para que pueda crecer y logre ser algún día un país desarrollado, que es lo único que garantiza un mejor porvenir", aseveró Allendes.

Mientras que, desde el mundo emprendedor, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, prefirió aún no calificar el trabajo de la Convención y señaló que, por ahora, "hacemos un llamado a las autoridades a respetar los plazos y tiempos establecidos en la Convención, para que la sociedad civil sean los encargados de determinar si aprueban o rechazan en el Plebiscito de salida".

Quien también entró al debate fue el doctor en economía y académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Aldo Madariaga. "Veo el trabajo de la Convención complicado", resaltó. "No necesariamente por lo que están aprobando o no, sino por el tipo de debate que se está generando", añadió.

A su juicio, la discusión se ha desviado hacia detalles institucionales, que no son "tan relevantes como el conjunto de tener una nueva Constitución que permita canalizar institucionalmente las demandas que se han expuesto", agregando que "lo que realmente está en juego hoy es la legitimidad de la Convención y de lo que se ha propuesto en la nueva Constitución".

"Me parece que, en términos económicos, es mucho más riesgoso que se ponga en tela de juicio de manera importante el trabajo de la Convención y que crezca la posibilidad del rechazo, porque finalmente creo que va a ser mucho más perjudicial la incertidumbre de no saber cuál es realmente el marco institucional que nos va a regir por los próximos 50 años", subrayó.

"Por algunos árboles del bosque, se nos perdió mirar el bosque. Como muchos analistas decían, uno de los elementos principales de la Constitución no era el detalle de la ingeniería institucional, que muchas veces se va a ver en las leyes que vienen después, sino más bien en la posibilidad de dar un nuevo marco institucional que recoge institucionalmente y de manera legítima esas demandas".

En conclusión, para Madariaga los principales riesgos están en que gane el rechazo, lo que significaría "desconocer la gravedad, la profundidad de la crisis social, política e institucional".