Los gremios de trabajadores del Poder Judicial y Fiscalía insisten en que existe una "discriminación arbitraria", por supuestamente estar "excluidos" del reajuste al sector público cuya discusión comenzará esta tarde en el Congreso.
Por ello, distintos gremios de trabajadores del sector justicia aseguraron esta mañana estar en "estado de alerta y movilización".
Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda han manifestado su sorpresa, y recalcaron este lunes -al igual que como lo hicieron la semana pasada- que "
no hay exclusiones y que el acuerdo de reajuste incluye a todos los funcionarios públicos a partir del 1 de diciembre".
El reajuste salarial a los trabajadores del sector público que impulsa el Ejecutivo se divide en dos tramos: para todas las remuneraciones brutas mensuales de hasta $2.200.000 el reajuste será de 12%, mientras que para las rentas más altas -a partir de ese monto- habrá un reajuste plano de $264.000 brutos mensuales.
De hecho, en un punto de prensa esta mañana, representantes de los gremios aclararon que sus reparos tienen que ver con el monto de reajuste contemplado para los salarios superiores a los $2,2 millones, considerándolo insuficiente.
Patricio Aguilar Presidente de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, indicó que el reajuste “genera una disrupción en las escalas de sueldo del Poder Judicial, es decir, puede pasar que un funcionario gane más que su jefatura en algunos tramos, esto no condice con la situación jerárquica que tenemos al interior. Tiene que ser corregido. No tiene ningún sentido dar un monto fijo de 264 mil pesos”.
Al ser consulto por cuál es el piso mínimo que se está exigiendo, Aguilar sostuvo que “el 12,5% que se le ofreció a todo el sector publico, ni más ni menos”.
Asimismo, Pablo Sanzana, representante de las Asociación de Defensores Públicos, señaló que el llamado al Ejecutivo y a la comisión de Hacienda - donde esta tarde comienza su tramitación en el Congreso- es a “estudiar nuestra solicitud. El no tener un reajuste o tener un reajuste de solo $264 mil, merma la función que desempeños , desincentiva la excelencia en la función publica y es discriminatorio porque no es primer año que se ven mermados nuestros ingresos”.
