El pasado jueves 1 de agosto, entró en vigor la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, en Chile. Esta legislación establece un marco claro para la prevención y sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el entorno laboral. La ley lleva el nombre de Karin Salgado, en honor a una funcionaria de salud del Hospital Herminda Martín de Chillán, quien se quitó la vida en 2019 tras sufrir acoso laboral.
Aunque la nueva normativa ofrece beneficios para los trabajadores y mejora la cultura organizacional al definir conductas de violencia laboral, incluyendo las perpetradas por terceros ajenos a la relación laboral como clientes o proveedores, recibió críticas del sector pyme a nivel nacional antes de su entrada en vigencia.
La discusión se centró en el costo que iba a tener la implementación de la norma en las empresas de menor tamaño. Según Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile: “Esta ley es una exigencia desmedida y una vez más, una regulación que busca un propósito noble, pero termina generando desincentivos a contratar”.
Hace un mes, Humberto Cerda, presidente de Asociación Gremial de Empresas del Biobío (Asem Biobío) afirmó que “comprendemos como gremio la necesidad de contar con protocolos para prevenir el acoso laboral y sexual en las empresas; lo que nos preocupa hoy es que implementar sistemas de capacitación, además de protocolos seguros es el valor de éstos. (…) La pyme no está preparada para recibir tanto gasto y lo que suponemos, es que si no hay apoyo, vamos a empezar a ver cómo empiezan a cerrar las empresas”.
A pesar de esto, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, señala que para que las pymes puedan implementar la Ley Karin, deben capacitar a sus equipos, adaptar parte de sus procesos y evaluar la implementación de tecnología. "En ese sentido, habrá mayores costos considerando esas mejoras, como la capacitación, la contratación de personal especializado, la adopción de nuevos procesos y la inversión en sistemas de gestión", afirmó el líder del gremio.
Sobre este tema, es importante dejar claro que la última actualización del
Tipificador de Hechos Infraccionales define cómo se aplicarán multas respecto al tamaño de las empresas. Ignacio Cartes, abogado de Lizama Abogados, experto en temas laborales, indica que
“el documento distingue según el tamaño de la empresa, es decir de micro, pequeña, mediana y grande empresa en el caso que tenga sobre 200 trabajadores. A su vez, el tipo de falta según la calificación del fiscalizador podrá ser leve, grave o gravísima. En el caso de la pequeña y mediana empresa, las multas pueden llegar hasta 10 UTM en las pequeñas y 40 UTM en la mediana empresa. Con todo, el empleador podrá interponer los recursos administrativos en el plazo 30 días hábiles administrativos, contados de lunes a viernes”.
Lo que necesita el sector
Además de la preocupación por los costos que tendrán que acarrear los emprendimientos con más de 10 empleados para poder hacer lo que la normativa exige, el ecosistema emprendedor considera que es sensible que la Ley Karin elimine la exigencia de reiteración para considerar una conducta como acoso laboral.
"Esto podría transformarse en un festival de demandas infundadas, acarreando más inconvenientes para las pymes. Es necesario difundir la mayor cantidad de información posible sobre el tema".
Jorge Welch, Presidente de la ASECH
Frente a este desafío, Swett agregó que “preocupa el mal uso que se le pueda dar por parte de los trabajadores, especialmente en situaciones donde no corresponda aplicarla, además de los costos de implementación y cumplimiento permanente que significará a las pymes”.
En este sentido, los líderes gremiales hicieron un llamado al Gobierno para que se generen incentivos e iniciativas que promuevan la implementación de la Ley 21.643. Por ello, el vocero de la Multigremial Nacional, dijo que “el gobierno podría ofrecer incentivos fiscales a las pymes que cumplen con toda la normativa, dado que son muchas las cosas que se exigen en la ley y que llevarán a las Pymes a efectuar importantes gastos en cosas que hasta ahora no debían hacerlo. Además, deberían disponer de capacitación gratuita y asesoría para ayudar a las pymes en su implementación, sobre todo en etapas iniciales donde sabemos que la adopción a esta ley será más lenta y compleja en las empresas de menor tamaño”.
Recomendaciones para la implementación
Para facilitar el cumplimiento de la norma, ambos voceros ofrecieron una serie de recomendaciones a los emprendedores. Jorge Welch instó a que "se informen adecuadamente, aclaren sus dudas y se enfoquen en capacitar tanto a sus supervisores como a sus colaboradores. Hay mucha información disponible, a veces contradictoria, pero deben estar atentos a cómo se empieza a aplicar".
Por su parte, Swett explicó que es evidente que la realidad de las pymes en términos de capacitación en estas temáticas no es la misma que en las grandes empresas, ya que actualmente el foco está en asumir costos relacionados con el alza del salario mínimo, tarifas eléctricas y diversas imposiciones gubernamentales.
"Creemos que es necesario avanzar en la capacitación de los equipos en temas como igualdad de género, diversidad y prevención del acoso laboral. También es clave establecer políticas internas claras y procedimientos conocidos para manejar denuncias".
Juan Pablo Swett, presidente Multigremial Naciona
Además de las sugerencias anteriores, el abogado laboral Pedro Matamala, del estudio Provoste Matamala, aconsejó a los empleadores pyme que, independientemente de su tamaño, deben cumplir con la Ley Karin. Para ello, es fundamental tener actualizado el reglamento interno de orden, higiene y seguridad (RIOHS) y contar con el protocolo correspondiente. En caso de recibir una denuncia, Matamala sugiere que “el emprendedor evalúe si dispone del personal capacitado en acoso, género y derechos fundamentales para realizar la investigación; de no ser así, debe considerar externalizar el proceso o derivarlo a la Dirección del Trabajo a través del portal adecuado para cumplir con el procedimiento”.
Una mirada al futuro
Finalmente, los dirigentes de la Asociación de Emprendedores de Chile y la Multigremial Nacional mencionaron que esta norma también tiene su lado positivo. Juan Pablo Swett aseguró: "Vemos con buenos ojos esta ley, creemos que son temas en los que se debe avanzar, especialmente en las grandes empresas. En ese sentido, esperamos que los trabajadores hagan un buen uso de la normativa".
Por su parte, Jorge Welch concluyó señalando que es muy importante asegurar un buen ambiente de trabajo y evitar cualquier tipo de abuso. "En ese sentido, suscribimos 100% el espíritu de la ley. Sin embargo, los desafíos serán los siguientes: la incertidumbre sobre cómo se interpretarán los reclamos, que muchas veces serán infundados, y el costo adicional que esta regulación impone a las empresas de menor tamaño".
