Según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), los procesos de liquidación de grandes empresas aumentaron un 27%, pasando de 55 en 2022 a 70 en 2023. Las quiebras de medianas empresas crecieron un 8,5%, de 82 a 89 durante el mismo período. Por otra parte, las liquidaciones de microempresas subieron un 23,6%, alcanzando 115 en 2023, frente a 93 en el año anterior.
Cuando una empresa se declara en bancarrota, enfrenta un proceso complejo que busca resolver sus problemas financieros y permitirle continuar operando o liquidar sus activos de manera ordenada. En Chile, este proceso está regulado por Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, más conocida como la “Ley de Quiebra” (Ley 20.720).
Desde Sheriff, una plataforma y startup chilena especializada en la gestión de riesgos con IA, explican que esta normativa ha sido esencial para la reestructuración y liquidación de deudas en Chile. Con el cambio en las circunstancias económicas, también ha evolucionado la manera en que personas y empresas utilizan esta ley. Según el Informe de Quiebra de la startup, con datos hasta junio de 2024, el uso de esta herramienta legal ha crecido significativamente, alcanzando el 75,78% de los casos reportados durante todo el 2023.
Primeros pasos: ¿Qué hacer ante la crisis?
Quienes estén considerando la opción de acogerse a esta legislación, deben considerar que esta abre el camino hacia la reorganización o liquidación ordenada, permitiendo a las empresas gestionar sus deudas y buscar un nuevo comienzo. De acuerdo con Vicente Cruz, Founder & CEO de Sheriff, los primeros pasos que debe tomar una pyme al considerar declararse en bancarrota, es preguntarse si sus activos son suficientes para cubrir sus pasivos, si la respuesta es negativa, entonces puede ser viable acogerse a la quiebra. Si la crisis es momentánea, se aconseja la reorganización, dijo el experto.
“De todas formas, esto implica una revisión detallada de sus flujos de caja, márgenes de beneficio, activos, pasivos, ingresos y gastos para determinar la gravedad de la insolvencia. La incapacidad para mantener un flujo de caja positivo y el aumento en el nivel de endeudamiento son señales críticas que deben ser monitoreadas de cerca. Una evaluación financiera detallada puede identificar riesgos financieros y problemas subyacentes serios”.
Vicente Cruz, Founder & CEO de Sheriff
Una vez confirmado que la empresa no puede cumplir con sus obligaciones financieras, el vocero de Sheriff señaló que es esencial seguir ciertos pasos:
Buscar asesoría profesional:
Las pymes deben informarse, por eso es clave contar con un abogado especializado en quiebras y reestructuración empresarial. Este experto guiará a la pyme a través del entramado legal y ayudará a identificar la mejor estrategia según la situación específica de la empresa. La asesoría adecuada puede marcar la diferencia entre un proceso ordenado y uno caótico.
Evaluar opciones de reestructuración:
Con la reciente modificación de la Ley de Quiebras en diciembre de 2023, los procedimientos de reestructuración se han simplificado y abaratado. Este cambio ha llevado a un incremento notable en el uso de esta herramienta legal. Según estadísticas, hasta junio de 2024, se registraron 3.257 quiebras, lo que representa un aumento del 56.44% en comparación con el año anterior. Evaluar las opciones disponibles permite a la pyme optar por la estrategia más adecuada para su situación.
Preparar la documentación necesaria:
La pyme debe reunir todos los documentos requeridos, como estados financieros, listados de activos y pasivos, y registros de deuda. Esta documentación es esencial para iniciar cualquier procedimiento bajo la Ley de Quiebras, ya sea para reorganización o liquidación simplificada. La preparación minuciosa de estos documentos facilita el proceso y asegura que se cumplan todos los requisitos legales.
Presentar solicitud formal de quiebra:
Si la reestructuración no es viable, la empresa debe presentar una solicitud formal de quiebra ante el tribunal correspondiente. Este paso incluye la designación de un liquidador que administrará la venta de activos y la distribución de fondos entre los acreedores. Este proceso asegura que la liquidación se lleve a cabo de manera ordenada y conforme a la ley.
¿Cómo acogerse a la Ley 20.720?
Los emprendedores que decidan acogerse a la Ley de Quiebras deben cumplir con varios requisitos. Cruz indica que la empresa debe encontrarse en una situación de insolvencia, lo que significa ser incapaz de pagar sus deudas con los activos e ingresos disponibles. Además, es necesario presentar una documentación completa que incluya listados de deudas y activos.
Existen varias opciones bajo la Ley de Quiebras, como la renegociación de deudas para personas físicas, que permite negociar obligaciones financieras bajo la supervisión de un mediador. Para las empresas, la reorganización es una opción atractiva que permite continuar operando mientras se reestructuran las deudas, brindando protección financiera temporal contra las acciones legales de los acreedores.
Otra opción es la liquidación voluntaria simplificada, que ha sido acelerada y simplificada por las reformas recientes, permitiendo la venta de bienes y la distribución de fondos en un plazo de 12 meses, comentó Cruz.
Efectos colaterales
La declaración de bancarrota tiene efectos profundos tanto para empleados como para proveedores. Desde Sheriff aseguraron que en caso de liquidación, los empleados pueden enfrentar la pérdida inmediata de sus trabajos y, en caso de haber salarios pendientes, se suman a la lista de acreedores. Los proveedores, por su parte, pueden ver interrumpida su relación comercial y sufrir pérdidas financieras, ya que no siempre se recupera la totalidad de la deuda.
Sin embargo, si la empresa opta por la reorganización, los empleados pueden mantener sus puestos de trabajo, y los proveedores tienen la oportunidad de continuar la relación comercial y recuperar las deudas a largo plazo, siempre que el plan de reorganización sea aprobado, comentó Andrés Bustos, abogado socio de Bustos Gómez Abogados Empresas.
Bustos concluyó señalando que “en caso de quiebra de una empresa, los acreedores (proveedores y trabajadores) deben realizar un proceso de verificación de créditos para reclamar el pago de deudas pendientes. La quiebra termina el contrato laboral y los trabajadores tienen preferencia para recibir el pago de deudas laborales, según la ley 20.720. Tanto trabajadores como proveedores deben seguir este proceso para obtener el pago de lo adeudado, dentro del mismo proceso concursal”.