El debate en torno al actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) sigue sumando capítulos.
Nuevamente, el gerente general de la firma acuícola Cooke Chile, Andrés Parodi, quien durante la semana acusó al SMA de mantener una "conducta obstructiva" contra el sector empresarial, volvió a la carga.
A través de una carta a El Mercurio, Parodi respondió al presidente de la ONG ambientalista
Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Erwin Sandoval,
cuestionando la falta de transparencia sobre el financiamiento de esta.
"Sería deseable que se explicitara, tal como nosotros lo hicimos al indicar que nuestros accionistas son capitales canadienses, quiénes son sus financistas", afirmó. Esto, según el ejecutivo, se debe a que la propia ONG admite en su sitio web recibir financiamiento tanto nacional como internacional.
Además, Parodi aprovechó de responder la acusación de Sandoval de que Cooke opera en un parque nacional, señalando que eso es falso.
"La concesión fue otorgada con posterioridad a las normas de la Convención de Washington, ratificada por Chile en 1967; a la Ley de Pesca de 1992 que prohíbe concesiones en Parques Nacionales y a la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994. Si la concesión hubiese estado en un área protegida, ¿Cómo la Contraloría podría haber tomado razón, como lo hizo, del decreto que la concedía?", dijo.
En tanto, señaló que es imposible para una empresa soportar el "asedio, el abuso y la discrecionalidad de los organismos estatales cuando estos están dirigidos por personas cuyo objetivo es evitar el desarrollo productivo".
Y criticó la relación entre la SMA y las organizaciones ambientalistas, "¿Cómo es posible que en los procedimientos sancionatorios la SMA actúe en tándem con ONG ambientalistas que reciben financiamiento internacional para destruir empresas, trabajo, aportes tributarios y oportunidades para localidades vulnerables?", sostuvo.
En esa línea, aseguró que la firma cuenta con todas las autorizaciones sectoriales para operar y nunca se ha acreditado la existencia de daño ni riesgo ambiental alguno. "Por eso aceptamos la propuesta del Gobierno de suscribir un acuerdo con los ministros de Medioambiente y Economía y dos subsecretarios", dijo citando el acuerdo.
"Se coordinarán los distintos entes del Estado para respetar los derechos adquiridos y el desarrollo de la actividad dentro de la normativa vigente, mientras se realiza la relocalización de las concesiones".
Finalmente, Parodi subrayó que tiene un alto costo hacer la defensa como empresa, pero "lo hacemos por nuestro país, por nuestros trabajadores y proveedores y por los inversionistas que confiaron en Chile".
