El proyecto minero-Portuario Dominga, de la empresa Andes Iron, lleva una larga y compleja batalla legal, que hoy iniciará otro episodio en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC).
En concreto, a las 15:00 horas el máximo tribunal llevará a cabo una sesión extraordinaria para comenzar a revisar una contienda que en los últimos meses protagonizaron el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental. Y cuyo resultado será clave para el futuro de Dominga.
El TC, en específico, llevará adelante una contienda de competencia, mecanismo jurídico que se utiliza cuando dos órganos del Estado -en este caso, un órgano administrativo (el Comité de Ministros) y uno jurisdiccional (el 1TA)- se adjudican competencias sobre un mismo asunto. O incluso cuando uno de ellos estima que el otro ha sobrepasado su esfera de atribuciones.
De esta manera, el TC tiene la obligación de dirimir cuál de los dos está calificado para pronunciarse sobre el tema en cuestión.
La discusión en torno a Dominga
Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2013, durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de Conquimbo (Coeva) rechazó el proyecto, lo que al año siguiente fue anulado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
En 2021 la Coeva aprobó la iniciativa. Pero a comienzos de 2023 -y aquí el origen del conflicto que el TC deberá resolver- el Comité de Ministros lo rechazó. Esa instancia fue liderada por la actual ministra de Medioambiente, Maisa Rojas.
Apenas días después Andes Iron recurrió nuevamente al Primer Tribunal Ambiental, con el objetivo de impugnar la decisión de la instancia conformada por los secretarios de Estado. En 2024, el tribunal falló a favor de la firma. Anuló lo resuelto por el Comité de Ministros y declaró como "ilegal" la resolución de los integrantes del Gobierno.
Esto último, por haber infringido los principios de "imparcialidad" y "confianza legítima", al "adoptar el acuerdo de acoger las reclamaciones en sesión integrada con Ministros de Estado que, habiendo previamente manifestado su parecer, posteriormente no se inhabilitaron".
El tribunal ordenó a la instancia volver a votar el proyecto. Los Ministros decidieron inhabilitarse y el Comité quedó conformado por subrogantes, que en enero volvieron a rechazar -por tercera vez- la iniciativa. Por ello, el Primer Tribunal Ambiental ordenó volver a votar, tras determinar que la decisión de los subrogantes incumplió con la sentencia del mismo tribunal, que había declarado "ilegal" la resolución de 2023.
Ante esto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -representando al Comité- solicitó al TC aclarar las competencias que competen a los organismos. La institución acusó al tribunal de exceder sus atribuciones e invadir las competencias exclusivas del Comité.
De esta manera, si el TC le da la razón al Comité de Ministros, se invalidaría el fallo del Primer Tribunal Ambiental y se consolidaría el rechazo al proyecto de Andes Iron.
Por otro lado, de fallar el TC a favor del Tribunal Ambiental se mantendría la sentencia que anula el rechazo del Gobierno. Con ello se abriría la puerta para la posible aprobación de la iniciativa, tras una nueva evaluación.
De acuerdo a la interpretación que hace el Ejecutivo, el fallo estaría invadiendo competencias que son atribuciones exclusivas del Comité de Ministros", explicó en su momento la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheberry.
"Y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional es el organismo competente para establecer esa interpretación de manera definitiva y a eso responde el requerimiento", complementó también.
Hoy, para las 12:30 horas, dirigentes de la región de Coquimbo se manifestarían para solicitar al TC que "se respeten los cuatro fallos de la justicia ambiental sobre Dominga".
