La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.
El Mercurio
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, acusó el actuar de algunos órganos del Estado en materia regulatoria, advirtiendo que ciertas iniciativas recientes están intentando restringir la libertad de expresión de los gremios empresariales a través de instrumentos ajenos a la ley.
En una carta publicada en El Mercurio bajo el título "Exceso normativo más allá de las leyes", Jiménez comenzó manifestando que "los gremios empresariales y las empresas que representan participan del debate público aportando a la construcción de buenas políticas públicas que propendan al bien común".
En esa línea, la líder del gran empresariado cuestionó lo que calificó como una tendencia preocupante: el uso de mecanismos administrativos, como circulares, para ampliar competencias de instituciones públicas sin respaldo legal.
"Cualquier intento del Estado por imponerles restricciones más allá de la ley buscando acallar voces discrepantes, atenta gravemente contra la legalidad, la libertad de expresión y la autonomía institucional garantizada en la Constitución. Con ello, se debilita el rol de la sociedad civil, se atenta contra el Estado de Derecho y se pone en riesgo la democracia", afirmó.
Jiménez apuntó específicamente contra la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social, señalando que ciertas normativas impulsadas desde estos organismos pretenden ampliar su ámbito de fiscalización más allá de lo que permite el marco legal.
"Un país serio como el nuestro, donde el respeto a las instituciones y la certeza jurídica han sido y deben seguir siendo pilares de estabilidad y desarrollo, no puede dar curso a iniciativas que excedan las competencias legales de un órgano del Estado, como por ejemplo, las normas que buscan —vía circulares— aumentar las atribuciones de la Superintendencia de Pensiones o de la Seguridad Social para ejercer control sobre los actos de una organización gremial y sus asociados relacionados con publicidad o gobernanza, vulnerando la autonomía de los cuerpos intermedios", sentenció.
