El Gobierno sufrió una dura derrota ayer en lo que respecta al polémico proyecto minero y portuario Dominga.
Es que el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud -emanada desde el propio Ejecutivo- que buscaba invalidar una decisión del Primer Tribunal Ambiental (1TA), acusando una contienda de competencias entre el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), como organismo técnico del Comité de Ministros, y el Primer Tribunal Ambiental (1TA).
¿Qué significa esto?
La disputa por "contienda de competencia"
Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2013. En 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) rechazó la iniciativa, lo que al año siguiente fue anulado por el 1TA.
En 2021 la Coeva dio el visto bueno para el proyecto. Pero a comienzos de 2023 -y aquí la génesis del conflicto que resolvió el TC a favor de Dominga- el Comité de Ministros lo rechazó. Esa instancia estuvo integrada por varios secretarios de Estado y liderada por la actual ministra de Medioambiente, Maisa Rojas.
Tras la denegación Andes Iron -propietaria del proyecto- volvió a recurrir al Primer Tribunal Ambiental. ¿Su objetivo? Impugnar la decisión de la instancia conformada por los jefes de las carteras ministeriales. En 2024 el tribunal falló a favor de la firma y anuló lo resuelto por el Comité.
En específico, declaró "ilegal" la resolución de los integrantes del Gobierno, bajo el argumento de haber infringido principios de "imparcialidad" y "confianza legítima".
Ello habría ocurrido -dijo el 1TA- al "adoptar el acuerdo de acoger las reclamaciones en sesión integrada con Ministros de Estado que, habiendo previamente manifestado su parecer, posteriormente no se inhabilitaron".
Se ordenó, así, volver a votar el proyecto. Los ministros decidieron inhabilitarse y el Comité quedó conformado por subrogantes, que en enero volvieron a rechazar -por tercera vez- la iniciativa.
Por ello, el Primer Tribunal Ambiental ordenó volver a votar, tras determinar que la decisión de los subrogantes incumplió con la sentencia del mismo tribunal, que había declarado "ilegal" la resolución de 2023.
En esta etapa el Gobierno intentó jugar sus cartas: solicitó al Tribunal Constitucional (TC) aclarar las competencias de los organismos. En concretó, apuntó al tribunal por exceder sus atribuciones e invadir las competencias exclusivas del Comité.
Pero esa jugada no le salió favorable. En su decisión de ayer el TC estimó que no existió invasión de competencias.
"Las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que ante nosotros no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir", dice el fallo.
El tribunal consideró además que había una "contradicción insalvable" en la forma en que actuó el Comité de Ministros, ya que "no se trata de que la existencia en abstracto de recursos ordinarios contra una resolución impida reclamar la incompetencia del tribunal que la dicta, razonamiento que quiere llevar el asunto al extremo de sostener que entonces contra un tribunal inferior jamás podría deducirse contienda, ya que sus resoluciones en general serán reclamables por vía de apelación, casación o ambas".
Triunfo para Dominga
Según explicó a El Mercurio Emanuel Ibarra, socio del estudio Moreno, Sáez y Avilés, y ex fiscal de la SMA, "el Tribunal Constitucional respaldó la postura del Primer Tribunal Ambiental, ya que resolvió que no existe una verdadera contienda de competencia en este caso".
"Simplemente existe un desacuerdo con lo fallado por el Tribunal Ambiental, lo cual es un problema de legalidad o validez de lo resuelto, en relación con la ejecución de la sentencia del caso Dominga, lo cual ahora debe resolver la Corte de Apelaciones de Antofagasta", agregó.
"Este fallo deja más asentado un escenario de aprobación definitiva del proyecto, sobre todo considerando que existe una probabilidad no menor de que los recursos de casación que quedan pendientes ante la Corte Suprema sean declarados inadmisibles", resaltó Ibarra.
Por su parte, Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medioambiente de HD Group, sostuvo que "sin duda es un triunfo para el proyecto Dominga. El TC concluye que el !TA no invadió la discrecionalidad del Comité de Ministros, sino que, por el contrario, controló el cumplimiento de una sentencia firme, frente a un acto nuevo del comité que se excedía en lo ordenado por el tribunal".
