Ricardo García, gerente general de Camanchaca.
El Mercurio
A solo un paso de ser ley se encuentra el polémico proyecto de fraccionamiento pesquero, que aumenta las cuotas de captura para el sector artesanal y las reduce a la industria.
Ayer la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 122 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones el informe de la comisión mixta parlamentaria que zanjó las últimas diferencias respecto a la iniciativa. Y hoy, a las 16.00 horas, el informe será votado por Senado para ser despachado definitivamente del Congreso.
Previo a ello, Camanchaca -unas de las principales empresas pesqueras del país- confirmó la que viene advirtiendo hace un tiempo:
recurrirá a la justicia en busca de una compensación ante los efectos que tendrá esta ley.
En un comunicado, el gerente general de la firma, Ricardo García, criticó categóricamente la normativa. "La industria pesquera ha sido golpeada duramente por esta ley que introduce estos cambios siete años antes de lo previsto por la ley vigente (2032), lo que conlleva un perjuicio económico enorme", aseguró.
El golpe, aseguró, será "el doble" para las empresas de la Región del Biobío, "porque deberán pagar un arancel de más de un 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel".
El ejecutivo agregó que "el efecto será directo sobre el nivel de actividad, el empleo y los tributos a la renta que hoy genera el segmento más intensivo en mano de obra del sector".
García subrayó que esta doble carga -reducción de la fracción de cuotas y arancel- afectará de forma significativa el dinamismo de la industria pesquera regional. "La combinación de ambos factores frenará inevitablemente el desarrollo del sector, con un impacto más severo en la Región del Biobío, que es el corazón industrial de la pesca chilena".
"Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo".
Ricardo García
"En el caso de Camanchaca, significará una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, y ese menor volumen que va directo a pérdida de industrialización y empleo regional. Se agrava la situación por los contratos que tiene suscrito Camanchaca con partes extranjeras para la compra de cuotas internacionales, que no consideraron ningún tipo de gravamen y que significa poner en riesgo esa producción chilena", subrayó García.
Además, manifestó que "es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo".
Finalmente, el gerente general de Camanchaca señaló que "el Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados".
