Meses de disputa quedaron atrás. Es que WOM y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lograron llegar a un acuerdo tras el incumplimiento de la firma en el despliegue de la red 5G.
En concreto, la compañía se había adjudicado en 2020 parte del espectro para implementar la tecnología 5G, con la obligación de conectar 366 localidades del país -muchas en zonas rurales de La Araucanía- a más tardar en octubre de 2023.
Sin embargo, la empresa no logró cumplir los plazos, en medio de una compleja situación financiera y un proceso de reorganización judicial tanto en Chile como en Estados Unidos.
El incumplimiento llevó al Estado, a través del CDE y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a ejecutar boletas de garantía, que sumaban US$50 millones.
Además, se aplicaron sanciones y se abrió un frente de litigios tanto en tribunales nacionales como ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde WOM había presentado una demanda alegando un trato discriminatorio.
Pero el acuerdo derivó en un giro de la disputa. Ahora WOM tiene nuevas obligaciones con el Estado, pero deberá implementar la red en plazos acotados.
Los detalles del acuerdo
Uno de los puntos centrales del pacto es la definición de un nuevo cronograma de cumplimiento.
La empresa deberá completar la totalidad de las 366 localidades obligatorias a más tardar el 5 de marzo de 2026. En cuanto al resto del proyecto técnico, se estableció que el 90% de los trabajos esté finalizado el 30 de septiembre de 2026, mientras que el 10% restante se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Además, se determinó la ejecución de las garantías por 352.900 UF (equivalentes a unos US$14,3 millones) debido a los atrasos constatados al 7 de octubre de 2023, fecha en que vencía el primer plazo comprometido.
Esto representa el 31% de las boletas de garantía por el despliegue incompleto de la red 5G.
A esto se suma una compensación extraordinaria de 950 mil UF (aproximadamente US$38 millones) que será destinada al Estado como resarcimiento por los incumplimientos.
De forma paralela, WOM deberá pagar US$500 mil para cubrir los gastos en asesorías legales y en la defensa de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), instancia a la que la compañía había acudido en medio de la disputa.
El acuerdo incluye, además, el retiro de todas las acciones judiciales y recursos que la empresa mantenía en contra del Estado, tanto a nivel local como internacional. Con ello, se busca poner fin al conflicto legal que se arrastraba desde el incumplimiento del año pasado.
¿Perdonazo?
Para el abogado Pablo Cifuentes, socio de CBC, "el CDE fija un precedente de proporcionalidad y pragmatismo: en lugar de ejecutar el 100% de las boletas, aplica un cobro proporcional al incumplimiento y cierra el conflicto mediante un acuerdo transaccional que prioriza completar la red y, además, resarcir al Estado".
"Para la industria -añade-, el saldo es moderadamente positivo: evita una crisis, preserva la competencia y acelera el 5G bajo reglas claras. Lo negativo es el riesgo de que se interprete como un 'perdonazo', por lo que será clave una fiscalización estricta y la aplicación inmediata de sanciones ante cualquier nuevo incumplimiento".
"Lo negativo es el riesgo de que se interprete como un 'perdonazo', por lo que será clave una fiscalización estricta y la aplicación inmediata de sanciones ante cualquier nuevo incumplimiento"
Pablo Cifuentes, socio de CBC Abogados
Diego Messen, socio de Moraga & CIA, por su parte, explica que "es un buen precedente para la industria el hecho que se haya sancionado a una empresa de estas características por un incumplimiento contractual que no llevó adelante".
"Esto -sostiene- fortalece el marco institucional, la certeza y la igualdad jurídica. Ahora bien, el hecho que el Estado haya llegado a un acuerdo en la aplicación de las multas bajo la condición de poder implementar de todas formas el cumplimiento de la Red 5G, habla de un Estado que está dispuesto a conceder y acceder a un fin mediático, como es, la satisfacción contractual, permitiendo que bajo nueva condiciones y rebaja de sanciones, pueda igualmente cumplirse la obligación retardada, y no iniciar un nuevo proceso que conllevaría un perjuicio a los usuarios que es lo que se debe evitar".
"Creo que el escenario es positivo desde este punto de vista, ya que no hay una condonación total de la multa (cobro de boletas de garantía) sino que se ha dejado la posibilidad de renegociar el cumplimiento, evitando una sesgada posición de la autoridad que solo perjudica a la industria y a los usuarios, que deben ser el principal cuidado o resguardo de todo Estado de Derecho", concluye.
Michèle Labbe, investigadora de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la U. San Sebastián, en tanto, destaca que se "rebaja en algo lo que debió haber cobrado, pero permite mantener la implementación de la red 5G, lo que es bueno para el país, pero además permite que haya un castigo a la no ejecución en los tiempos correctos y licitados".
"A mi juicio -añade- es una buena noticia para el mercado y es una buena noticia para la industria del país porque va a poder seguir desarrollándose".
Oficio de senadores
El acuerdo fue tema en la sesión de esta mañana de la comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, instancia que acordó, tras solicitud del senador Juan Luis Castro (PS), oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
"Luego de conocido un virtual acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y la empresa WOM, que solo le permitiría pagar el 30% de la boleta de garantía que no se ejecutaron, producto de incumplimientos de la empresa en la red 5G, he resuelto y con el acuerdo de la comisión de transportes y telecomunicaciones, oficiar al Ministerio de Transportes acerca de la validación y las razones por las cuales se llega a esta transacción", señaló.
Según Castro, esta "obviamente genera un perjuicio patrimonial al Estado, puesto que solo cobra un tercio de lo que debía haber sido la totalidad de la ejecución de las boletas por incumplimiento de garantía emitidas por dicha empresa, a cambio de que la empresa retire la demanda internacional en CIADI".
"Esto no sé si se ajusta a derecho, y por eso pedimos una explicación formal a la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, y además me he reservado el derecho de acudir a la Contraloría General de la República para que valide o no este tipo de avenimiento entre las partes tratándose de tal cifra de perjuicio fiscal que no queda claro si tiene la visación del órgano auditor", concluyó el senador.
