El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) enfrenta duros cuestionamientos del mundo de la construcción debido a acusaciones de retrasos en los pagos desde la cartera que lidera Carlos Montes.
La primera alerta se encendió la semana pasada cuando el Minvu publicó una declaración en la que se refiere a una supuesta crisis financiera del sistema de viviendas sociales, en particular a una deuda vencida de más de US$1.000 millones que la cartera mantiene con distintos actores de la industria y de la incapacidad que habría transmitido a las empresas involucradas a ejecutar pagos.
El saldo que habría adeudado el Minvu, según publicó Diario Financiero, es con inmobiliarias, constructoras y proveedores que van desde Pyme hasta grandes empresas repartidas por todas las regiones del país.
En su declaración, el Minvu afirmó que "esta cartera de Estado descarta tener pagos pendientes a empresas por la suma indicada en el citado medio de comunicación, cifra que correspondería a una estimación de una fuente de la industria. En ese sentido, puntualizamos que podría existir una interpretación equívoca entre proyección de gasto y deuda pendiente".
"Efectivamente, hay Serviu -situación que se concentra fundamentalmente en la Región Metropolitana- que proyectan un gasto mayor a su presupuesto vigente, situación que ha sido informada a la Dirección de Presupuestos para concretar un mayor ingreso de recursos, lo que actualmente ya cuenta con medidas en implementación", agrega.
Los duros cuestionamientos
Con todo, el mundo de la construcción alzó la voz ante los retrasos en los pagos por parte del Minvu, situación que, según advirtió la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ya afecta a empresas que ejecutan proyectos con subsidio estatal.
A lo anterior se sumó la denuncia pública de un empresario del rubro, quien afirmó que su compañía enfrenta una deuda millonaria con el Estado por trabajos realizados en hospitales de la Región Metropolitana.
El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, explicó en una declaración que "desde mayo de este año hemos recibido antecedentes de empresas socias respecto a la demora en los pagos y en la entrega de anticipos destinados a la construcción de viviendas con subsidio estatal".
Según detalló, "conscientes de la gravedad de esta situación, hemos sostenido un diálogo permanente con las autoridades del Minvu para buscar soluciones que permitan regularizar estos pagos sin poner en riesgo la ejecución de los proyectos".
"Desde mayo de este año hemos recibido antecedentes de empresas socias respecto a la demora en los pagos y en la entrega de anticipos destinados a la construcción de viviendas con subsidio estatal"
Alfredo Echavarría, presidente de la CChC
El dirigente gremial agregó que "si bien la cifra total de los recursos comprometidos es manejada por el Serviu,
sabemos que algunas empresas enfrentan retrasos en los pagos que llegan a los 60 días, con serias consecuencias para su operación y para el avance de las obras".
Echavarría puntualizó que "la mayoría de las empresas afectadas trabajan en la RM y el Maule, y las líneas de financiamiento corresponden a los estados de pago pendientes del DS49, los subsidios por pagar y préstamos de enlace del DS 19, y las deudas por compra de terrenos y de unidades para el programa de arriendo a precio justo".
En su diagnóstico, el presidente del gremio puso la mirada en los desafíos de mediano plazo: "Más allá de estos casos puntuales, lo central es cómo enfrentar la política habitacional en el próximo presupuesto, en un escenario cada vez más complejo: con más familias demandando una vivienda, con costos de construcción que permanecen altos y con menor disponibilidad de suelo".
Por eso, sostuvo que "si queremos cumplir con el objetivo de reducir el déficit habitacional, debemos proyectar una política de vivienda realista y sostenible. Nuestro llamado es a que el presupuesto nacional, considere los recursos necesarios para evitar que dentro de un año la construcción de viviendas vuelva a verse comprometida por la falta de pagos oportunos por parte del Estado".
A este debate se sumó la voz del empresario Felipe Ramírez Núñez, quien en una carta publicada en El Mercurio cuestionó a la cartera.
"En las recientes entrevistas en los diversos medios de comunicación, los personeros de gobierno mencionan con mucha seguridad que no existen problemas de deuda con empresas privadas que prestamos servicios al Estado, lo que a todas luces es falso", escribió.
El empresario detalló que "mi empresa es mediana, con 30 trabajadores y del rubro de la construcción en salud, y la situación se ha complicado con dos importantes hospitales de la Región Metropolitana que acumulan deudas por más de $350 millones, por más de seis meses y contando, por licitaciones que contaban con el debido certificado de disponibilidad presupuestaria".
"En las recientes entrevistas en los diversos medios de comunicación, los personeros de gobierno mencionan con mucha seguridad que no existen problemas de deuda con empresas privadas que prestamos servicios al Estado, lo que a todas luces es falso"
Felipe Ramírez, empresario
Ramírez sostuvo que "la situación es gravísima, ya que dicho certificado garantiza que los fondos están disponibles para el pago oportuno, lo que no ha sido así. Lo más indignante es que para poder prestar los servicios al mismo Estado debo tener mi empresa sana e inscrita en mercado público y cumplir con una serie de requisitos excluyentes".
Finalmente, advirtió: "¿Cómo puedo tener una empresa sana y cumplir todos los requisitos si el cliente Estado no cumple sus compromisos? Sin dudas ocultan la información y nos quieren hacer creer que todo está bien. ¿Dónde están esos fondos destinados a pago de proveedores del Estado? ¿Quién podrá ayudarnos?".
