Los aranceles "recíprocos" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicó al mundo y que han hecho tambalear a la economía global durante todo el año, están bajo la lupa de la Corte Suprema, la cual este miércoles se mostró escéptica respecto a la legalidad de la medida. Es que magistrados clave sugirieron que el mandatario se había extralimitado en sus funciones con su emblemática política.
En una sesión de argumentos que duró más de dos horas y media el miércoles, tres miembros de la mayoría conservadora del tribunal cuestionaron el uso que hizo Trump de una ley de poderes de emergencia para recaudar decenas de miles de millones de dólares en aranceles al mes.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que los aranceles eran una "imposición de impuestos a los estadounidenses y que ese siempre ha sido el poder fundamental del Congreso".
El juez Neil Gorsuch también indicó que probablemente votaría en contra del presidente, y Amy Coney Barrett, otra nominada por Trump, formuló preguntas incisivas a ambas partes.
Una decisión en contra de Trump podría obligar a realizar reembolsos por más de US$100.000 millones, eliminar una importante carga para los importadores estadounidenses que pagan los aranceles y debilitar una herramienta indiscriminada que el presidente ha utilizado contra sus socios comerciales.
En términos más generales, representaría, por mucho, el mayor revés de la Corte Suprema contra las pretensiones de Trump de ejercer poderes que exceden con creces los reclamados por sus predecesores en la Casa Blanca.
Los tres magistrados liberales del tribunal también expresaron dudas sobre la legalidad de los aranceles.
El fallo se emitiría a finales de año, dado el calendario extremadamente acelerado que la Corte Suprema ha establecido hasta ahora.
El caso gira en torno a los aranceles del 2 de abril, denominados "Día de la Liberación" por Trump, que imponen impuestos del 10% al 50% a la mayoría de las importaciones estadounidenses, dependiendo del país de origen.
Trump afirma que estos aranceles están justificados para abordar el déficit comercial nacional, que se arrastra desde hace tiempo. La disputa ante el Tribunal Supremo también abarca otros aranceles que Trump afirma haber impuesto a Canadá, México y China para combatir el tráfico de fentanilo.
Trump afirma que sus aranceles están autorizados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), una ley que otorga al presidente una amplia gama de herramientas para abordar emergencias de seguridad nacional, política exterior y económicas.
La IEEPA, como se conoce a la ley, no menciona los aranceles entre esos poderes, aunque una disposición clave establece que el presidente puede "regular" la "importación" de bienes para hacer frente a una crisis.
El tribunal está considerando dos demandas separadas presentadas por pequeñas empresas, además de una tercera demanda interpuesta por doce fiscales generales estatales demócratas. Los tres tribunales inferiores que se han pronunciado sobre el asunto han declarado ilegales los aranceles.
En caso de que Trump pierda, funcionarios de su administración afirman que la mayoría de los aranceles podrían imponerse mediante otros instrumentos legales más complejos. Los aranceles que Trump impuso al acero, el aluminio y los automóviles se establecieron bajo una ley diferente, por lo que no se ven directamente afectados.
