El impuesto territorial —más conocido como contribuciones— que deben pagar algunos propietarios en el país se ha convertido en uno de los temas más comentados de la carrera presidencial. Todo, a raíz de las propuestas de candidatos de oposición que buscan limitar este gravamen o, derechamente, eliminarlo.
Uno de ellos es el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en medio del debate presidencial de Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) defendió una de sus propuestas: eliminar las contribuciones a la primera vivienda.
El abanderado presidencial aseguró que esta medida -que ha generado cuestionamientos por su eventual impacto en los municipios- se financiaría mediante eficiencia fiscal, austeridad, la eliminación de "abusos" con el gasto público y una fórmula que puso sobre la mesa que ayudaría a compensar los recursos que dejarían de llegar a las alcaldías vía dicho impuesto.
Durante el intercambio, Kast señaló que una de las fuentes de compensación para los municipios sería el uso más eficiente de los recursos que hoy -según dijo- permanecen inmovilizados en cuentas corrientes.
"Solo si usted le facilitara los municipios usar la plata que tienen en posada en sus cuentas corrientes, porque usted sabrá que hay plata que le llega del gobierno central, le llega del gobierno regional, y quedan ahí acumuladas en una cuenta corriente, no la pueden mover, ni siquiera un depósito a plazo. Si usted liberara eso por un decreto de Dipres y un decreto de Hacienda y la Contraloría lo autorizara, tendría plata de sobra en esos intereses y reajustes para compensar la plata que no les llegaría por el fondo común municipal", señaló el candidato.
¿De qué se trata?
Consultado por Emol, el equipo de José Antonio Kast detalló el alcance de su propuesta y la fórmula con la que busca mitigar la eventual pérdida de ingresos municipales.
En concreto, la iniciativa del candidato republicano apunta a compensar parte de los recursos que los municipios dejarían de percibir por la eliminación de las contribuciones, mediante una gestión más activa de fondos que actualmente permanecen "inmovilizados".
"Es un compromiso de campaña eliminar las contribuciones a la primera vivienda, y eso se hará de manera progresiva durante los cuatro años de gobierno, comenzando por los adultos mayores. Esa medida tiene un costo aproximado de US$180 millones, según nuestros expertos, y requiere vías de financiamiento", explicaron desde el comando.
Respecto al ejemplo mencionado por el abanderado, el equipo precisó que la alusión a las cuentas corrientes municipales busca reflejar casos en que los municipios acumulan recursos que no pueden gastar ni invertir, lo que impide generar rentabilidad.
"El candidato se refirió a situaciones en las que los municipios reciben remesas por distintos tipos de ingresos propios que, por planificación de gasto, no requieren uso inmediato, pero deben mantenerse en la cuenta corriente sin producir intereses", señalaron.
Agregaron que lo mismo ocurre con transferencias de otros organismos públicos destinadas a proyectos o programas que sufren retrasos, modificaciones o requieren nuevas evaluaciones o permisos. "En esos casos, los fondos tampoco rentan", puntualizaron.
Por ello, el equipo de Kast propone introducir mayor flexibilidad y competencia en la administración de esos recursos.
"Los municipios deberían poder contratar con otros bancos que ofrezcan mejores condiciones —con los debidos resguardos— además del BancoEstado. Si se realiza una buena planificación de gastos y se mantiene un colchón para emergencias, los saldos podrían invertirse en instrumentos de bajo o nulo riesgo que generen intereses. No se trata de abrir la puerta al endeudamiento, sino de regular y permitir que la banca compita ofreciendo mejores condiciones", explicaron.
Con todo, el comando advirtió que la propuesta aún se encuentra en análisis técnico y legal.
"La idea está en estudio, porque se debe cuidar que la expectativa de generar ingresos por reajustes o intereses no afecte el cumplimiento de las funciones municipales. Debe quedar bien regulado, con resguardo de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Para ello se requerirá una modificación legal menor, conciliada con las atribuciones del Ministerio de Hacienda y la Dipres", concluyeron.
Economistas cuestionan la idea
Respecto de lo manifestado por Kast, Tomás Izquierdo, economista y director de la consultora Gemines apuntó: "Entiendo que se refiere a la parte de los ingresos municipales que tienen que ir al fondo común municipal, pero el punto de fondo es que las contribuciones explican una parte sustantiva de los ingresos municipales".
"Es fácil y popular anunciar eliminación y/o reducción de contribuciones, el tema es cómo se compensa de manera de no desfinanciar a los municipios y terminar traspasando el costo al gobierno central y sus programas sociales"
Tomás Izquierdo, economista y director de la consultora Gemines
"Son ingresos seguros, fáciles de recaudar y para sustituir por otras fuentes, tendrían que ser fuentes seguras de recaudación,
que evidentemente no son suficientes con la posibilidad de permitir que se inviertan los excedentes de caja".
"Ahí está el desafío: es fácil y popular anunciar eliminación y/o reducción de contribuciones, el tema es cómo se compensa de manera de no desfinanciar a los municipios y terminar traspasando el costo al gobierno central y sus programas sociales",acotó.
En tanto, Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, sostuvo que desconoce la situación que plantea Kast respecto a "estos excesos de saldo de caja en los municipios".
"Ahora, si uno mira los datos agregados que publica la Dipres, si esa fuera la situación, uno tendría que detectar superávit a nivel municipal ,y la verdad que no hay superávit".
"Hay una situación de equilibrio en general, entonces no me parece que sea muy generalizada esa situación de ingresos no gastados o saldo en las cuentas corrientes porque se tendría que estar reflejando en los datos y no se ve una situación de superávit", recalcó, agregando que "efectivamente hubo unos pequeños superávit entre el 2021 y el 2023 muy marginales, el 2024 ya está en cero. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere".
"Efectivamente hubo unos pequeños superávit entre el 2021 y el 2023 muy marginales, el 2024 ya está en cero. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere"
Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE
Y respecto a eliminar las contribuciones, Cifuentes cree que "este es un impuesto que habría que revisarlo: cómo se determina, los avalúos, que para la gente sea más transparente, hay que determinar además una forma de pago que genere incentivo a los municipios más pobres a mejorar los barrios".
"Yo creo que hay bastante que hacer, pero veo complejo eliminarlo para la primera vivienda", sentenció.
En tanto, para Juan Ortiz, investigador senior del OCEC UDP, "una modificación legal en dicho caso, debe analizarse cuidadosamente el impacto en cuántos los incentivos y sus efectos con otras entidades del sector público y privado".
Ortiz explicó a Emol que los municipios pueden obtener rendimientos financieros por la administración de recursos propios. Por otra parte, las municipalidades perciben recursos de terceros como son transferencias corrientes o de capital que tienen como destino financiar gastos con una finalidad especifica.
Por lo cual, dijo Ortiz, "el manejo de tesorería que conlleve la administración de dichos recursos dada la temporalidad entre el fujo de ingresos y los pagos asociados, pueden generar excedentes transitorios que pueden tener rendimientos, es decir intereses".
"No obstante, estos no se pueden considerar como recursos de libre destinación para los municipios. Únicamente son recursos adicionales hacia una destinación especifica. Por lo tanto, la propuesta permite reflexionar por la gestión de recursos especialmente de terceros hacia las municipalidades", profundizó.
En ese sentido, advirtió que "el permitir que dichos rendimientos sean ingresos para los municipios, conlleva varios riesgos". Uno de ellos, remarcó "es que las transferencias no tienen como fin incrementar los ingresos propios de los municipios por medio de un manejo de tesorería".
"Si se permite este tipo de operación, se abre un incentivo para atrasar el pago de servicios, dado que lo racional es tener mayores recursos invertidos transitoriamente en cuentas corrientes u otro servicios bancarios para aumentar los rendimientos financieros y así incrementar los recursos propios", concluyó.
