En el extremo norte del país, la paralización de Quiborax -empresa minera dedicada a la extracción de ulexita y ácido bórico- ha mantenido en vilo a la Región de Arica y Parinacota.
Lo que comenzó como una denuncia ambiental, hoy amenaza con transformarse en una crisis económica y social de gran magnitud, afectando a más de 2.000 trabajadores y golpeando hasta un 10% del PIB regional.
Las autoridades locales advierten que, si no hay reacción del Gobierno central, el caso podría tener un desenlace similar al de la metalúrgica Huachipato en el Biobío.
El conflicto se remonta a 2022, cuando la Corporación Nacional Forestal (Conaf) denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente que Quiborax operaba dentro del Monumento Natural Salar de Surire sin una evaluación ambiental vigente.
El área, hábitat de tres especies de flamencos altoandinos, habría sufrido alteraciones visibles en su paisaje por la actividad extractiva, incluyendo caminos no regulados y lagunas artificiales.
El caso escaló rápidamente. Informes técnicos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de Conaf constataron impactos sobre la flora y fauna, y en septiembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta decretó la paralización de las faenas. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acusó a la minera de provocar daño ambiental dentro de un área protegida, mientras que la empresa argumentó que las sanciones aplican criterios retroactivos sobre operaciones autorizadas desde 1984.
Desde entonces, la incertidumbre domina la región. A fines de octubre, trabajadores bloquearon la Ruta 11-CH, que conecta Arica con Bolivia, exigiendo respuestas sobre el futuro de sus empleos. La movilización coincidió con el inminente vencimiento de las medidas cautelares ambientales, que mantienen detenida toda producción salvo el retiro de material acumulado.
La preocupación de las autoridades
El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN) manifestó a Emol que la situación "la vemos como algo sumamente grave, porque no es un problema de ahora. Esto viene arrastrándose desde septiembre del año pasado y, mientras tanto, 700 trabajadores siguen pagando los costos sin tener ninguna certeza de qué va a pasar con sus empleos".
"La investigación ambiental debe seguir su curso, pero no podemos perder de vista a las familias que hoy están cortando la Ruta 11-CH porque sienten que el tiempo se les acaba y que el Gobierno no ha estado a la altura para acompañarlos ni dar una solución clara. Aquí hay personas reales viviendo de esto, no cifras en un informe, y merecen una respuesta urgente", recalcó.
"Lo que más echamos de menos en este caso es una reacción del Gobierno Central, que se involucre ante un escenario adverso en el que 700 puestos de empleo pueden desaparecer por un cierre de operaciones"
Diego Paco, gobernador de Arica y Parinacota
El gobernador advirtió que "
están en riesgo 700 puestos de trabajo y si sumamos a los indirectos hablamos de más de 2.000. Se resiente la cadena logística en torno a esta empresa, involucrando a proveedores, transporte y servicios". Y agregó que, en una región donde la inversión privada es escasa, "el golpe se multiplica".
Paco fue más allá, señalando que "cada semana agregada aumenta la incertidumbre de las familias, eleva el costo de reactivación y deteriora la señal-país para nuevos proyectos. La región necesita reglas claras y coordinación efectiva, el medioambiente y la actividad productiva deben convivir con planes de mitigación y remediación, no con parálisis indefinida".
El jefe regional enfatizó que "lo que más echamos de menos en este caso es una reacción del Gobierno Central, que se involucre ante un escenario adverso en el que 700 puestos de empleo pueden desaparecer por un cierre de operaciones. Es insólito que no exista a la fecha algún plan que pueda significar reconversión laboral o que permita reabsorber a toda esa gente que puede perder su fuente de trabajo".
El gobernador llamó directamente al Ejecutivo: "Por eso llamamos con urgencia al Gobierno de Chile a involucrarse en esto, porque las condiciones de Arica y Parinacota no permiten que la pérdida de 2.000 trabajos pase desapercibida. Somos la región fronteriza del norte, necesitamos un trato especial y que dejen de mirarnos como zona de sacrificio".
Desde el Congreso, el senador por esa región, José Miguel Pilo Durana (UDI) coincidió en la gravedad del escenario y sostuvo que la afectación laboral "equivale a un 36,66% del total del rubro y representa aproximadamente el 11% de empleos totales de la región".
Durana recordó que "el PIB de 2024 tuvo el peor desempeño: 0,9%, muy por debajo de todas las regiones y del promedio nacional (2,6%), incidida principalmente por la minería, al paralizar prolongadoramente Quiborax".
"Este Gobierno se ha dedicado a asfixiar a Arica y Parinacota en materia económica"
José Miguel Pilo Durana, senador UDI
El senador advirtió que "según lo expresado por Quiborax, la suspensión del proyecto de litio paralizó inversiones por más de US$70 millones, dejando en 'stand by' una iniciativa que es clave para el crecimiento económico y social de la región y como carecemos de industrias y empresas que generen empleo estable, nos enfrentamos a un oscuro escenario en materia económica".
El parlamentario también apuntó contra el Ejecutivo.
"Este Gobierno se ha dedicado a asfixiar a Arica y Parinacota en materia económica y como si fuera poco, la propuesta regional del presupuesto 2026 considera una disminución de 1,79% respecto al presente año. En 2025 la región recibió $57.900 millones, mientras que para 2026 el Ejecutivo destinaría $56.862 millones, lo que significa una baja de poco más de mil millones de pesos, así es que no solo nos quitan inversión pública sino también lo hacen con la privada, por no entregarle certezas".
En la misma línea, el diputado Enrique Lee (independiente) -del distrito 1- afirmó a Emol que "es una situación gravísima que pone en riesgo la economía regional pero sobre todo el ingreso familiar y la estabilidad laboral de más de mil trabajadores que en forma directa o indirecta laboran para dicha empresa".
Lee advirtió que "la empresa aportaba más del 10% del PIB regional, el que ha ido disminuyendo a raíz de las distintas resoluciones que han mermado su desempeño".
"La empresa aportaba más del 10% del PIB regional, el que ha ido disminuyendo a raíz de las distintas resoluciones que han mermado su desempeño"
Enrique Lee, diputado
El parlamentario cuestionó la actuación de las autoridades ambientales y enfatizó que "hay consecuencias negativas en la estabilidad laboral, en la formalidad del empleo, en la relación con las comunidades originarias que también están descontentos con las acciones del Estado que asfixian la economía sin claridad en la argumentación medioambiental".
"Está ad portas de salir el fallo medioambiental pero me preocupa la participación que ha tenido Conaf y también organizaciones ambientalistas que no son de la región, y que puedan obedecer a otros intereses", agregó.
"He seguido el conflicto hace más de un año en contacto con los trabajadores representados por sus tres sindicatos, creo que el proceso administrativo judicial adolece de varias fallas que afectan el estado de Derecho, y en algunos casos ha predominado el capricho del Estado en perjuicio de una región que además es una en las que el empleo informal ha crecido enormemente", sentenció el diputado.
