Este lunes la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto de reajuste al sector público, recibió a la contralora Dorothy Pérez y a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, para que expusieran sus impresiones sobre la iniciativa que presentó el Gobierno.
Ambas autoridades levantaron duros cuestionamientos. Pérez abordó lo que la oposición ha denominado "amarre": criticó sus efectos sobre la carrera funcionaria y la alteración que generaría sobre las competencias de la propia institución que lidera.
Mientras, Benavides alertó sobre la falta de claridad en el financiamiento y las posibilidades, de no cumplirse con ciertas proyecciones, poner en riesgo el cumplimiento del balance estructural.
Los parlamentarios de oposición también levantaron críticas. Aunque estas apuntaron más a los congresistas del oficialismo que al Gobierno. ¿La razón? El rechazo de la modificación que el Ejecutivo había presentado para modificar el "amarre".
"Afecta la carrera funcionaria"
La contralora Dorothy Pérez señaló que el "amarre" -aquellas normas que limitan el despido de funcionarios- "afecta la carrera funcionaria".
"Para los funcionarios que son (a contrata) transitorios (se) establece que por el solo ministerio de la ley expirarán el 31 de diciembre (…) este artículo lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema, tal como se los expresé con los ejemplos que trajimos", expuso.
"El efecto concreto y práctico es que afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos, que se han desempeñado por largos años en la institución", sostuvo también la autoridad.
"Hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años (…) que han ido ascendiendo vía carrera (…) y que sin embargo de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores", aseguró también Pérez.
Esto, luego de presentar una serie casos de contrata que han ingresado en grados altos y con altas remuneraciones.
Sobre las funciones de Contraloría
Pérez asimismo criticó el artículo que señala que Contraloría no debe intervenir ni informar en los asuntos que sean de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales, y que solo puede abstenerse, cuando haya reclamos del personal a contrata.
"Esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias", aseguró.
"El hecho de que se pueda en una ley miscelánea de rango simple, modificar la organización y las atribuciones de los órganos, es una cuestión que más allá del caso de la Contraloría, hay que preguntarse si abrir estos precedentes y estas compuertas es beneficioso", aseguró.
"Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República (…) esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional", indicó también.
"Esfuerzo exigente"
La presidenta del CFA, Paula Benavides, mostró, en tanto, preocupación por el financiamiento. La economista detalló que, según la información aportada por el Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de la iniciativa es de US$1.668 millones (1,7% del gasto público aprobado).
"De este, US$876 millones están asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones, representando el 52% del costo total estimado. Los restantes US$793 millones están destinados a financiar beneficios adicionales (48% del costo estimado), tales como bonos y aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones del empleador para Atención Primaria de Salud (APS) e incentivos al retiro, entre otros", indicó.
"Se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente", señaló entonces la economista.
"El financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones", agregó entonces.
Balance estructural
Con todo ello en cuenta, Benavides aseveró que el reajuste se lleva adelante en un escenario de estrés fiscal.
Y sostuvo, ante las preguntas de los parlamentarios, que "uno de los riesgos que vemos es que si no se identifican adecuadamente estas fuentes de financiamiento, se va a terminar presionando al resto del Presupuesto y, por lo tanto, se puede poner en riesgo el cumplimiento de la meta de balance estructural".
"Si se finaliza con un mayor déficit -dijo- eso va a generar un mayor aumento en el endeudamiento y mayores necesidades de financiamiento".
La economista indicó, asimismo, que "el proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones".
Las críticas parlamentarias
Ayer durante la mañana, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comunicó que habría cambios en el denominado "amarre", que limita el despido de funcionarios.
"Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años", dijo Grau en Radio Duna.
Es que, precisamente uno de los cuestionamientos que habían surgido desde la oposición era que el Ejecutivo buscaba ayudar a quienes habían ingresado a trabajar durante la actual administración.
Pero esa modificación, propuesta por el Gobierno, fue rechazada por los propios parlamentarios oficialistas. En la oposición ello generó duras críticas.
"Simplemente la izquierda decidió que, dado que no tenían los votos para aprobar los cinco años tampoco, decidieron volver a su fórmula inicial y votaron en contra de la proposición que estaba haciendo el gobierno. Por lo tanto, vamos a llegar a la sala con una proposición de dos años de confianza legítima, cosa que resulta inaceptable para la gran mayoría de los diputados de la sala", indicó el diputado Frank Sauerbaum (RN).
"La izquierda no estuvo disponible a avanzar en la dirección que propuso su gobierno, y, por lo tanto, aquí volvimos al amarre original, un amarre que innova en el criterio de la corte suprema, que lo aminora a dos años, y que, por lo tanto, establece un mecanismo de amarre más intenso que el que hoy día", sostuvo en tanto el diputado Diego Schalper.
