Quedando apenas dos semanas para que el Congreso inicie su receso legislativo, y luego de que recién el lunes el Gobierno ingresara con suma urgencia el proyecto de ley de negociación ramal o multinivel, la iniciativa se instala como una de las últimas y principales piezas de la agenda laboral del Ejecutivo en este periodo.
Según ha señalado el Ministerio del Trabajo, el proyecto "permitirá que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con las condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral".
Desde el Ejecutivo, el proyecto se justifica señalando que "se busca dar cumplimiento al rol del Estado de promover, a través de sus políticas públicas, el pleno ejercicio del derecho a la negociación colectiva".
Sin embargo, el margen legislativo es acotado y recién este martes la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados inició la discusión de la iniciativa. A ello se suman reparos expresados tanto desde la oposición como desde el mundo empresarial, donde han surgido críticas por los eventuales efectos del proyecto sobre la competitividad, la productividad y el empleo.
Desde el ámbito laboral, expertos también han cuestionado la propuesta. Francisca Vial, directora del área laboral de Eyzaguirre & Cía., sostuvo que el proyecto se encuentra "desconectado de la realidad actual", señalando que "no surge de una demanda efectiva de los trabajadores, sino de una propuesta político-ideológica propia de un gobierno en su tramo final".
A su juicio, "parte de la premisa de que los problemas de la negociación colectiva en Chile se resuelven ajustando la arquitectura legal, cuando el cambio que estamos viviendo es mucho más profundo", agregando que "parece intentar legislar para el Chile de los años 80".
Gobierno baja expectativas de aprobación
En ese contexto, esta mañana el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, reconoció que el Ejecutivo no espera que el proyecto sea aprobado durante este gobierno, enfatizando que el objetivo central es instalar el debate y dejar un precedente de cara a futuros periodos legislativos.
"Muchas veces los gobiernos tenemos que abrir discusiones, eso pasó, por ejemplo, con la Presidenta Bachelet y la propuesta de nueva Constitución, por eso lo hacemos ahora", señaló el secretario de Estado en entrevista con CHV.
En esa línea, Boccardo defendió el momento en que se impulsa la iniciativa, indicando que "es legítimo que los gobiernos abran discusiones relevantes, incluso al final de su mandato", e hizo un llamado a la oposición y al mundo empresarial a no anunciar catástrofes ante la eventual aplicación de estas iniciativas, poniendo como ejemplo la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
Asimismo, el ministro agregó que "hay proyectos que demoran tiempo, y nosotros creíamos que era importante iniciar una discusión que no se había abierto desde el retorno a la democracia, y ese es el debate que estamos proponiendo hoy en el Congreso".
"Es un debate legítimo, tener posiciones a favor y en contra también es legítimo, pero a lo que yo sí llamaría es a no negarnos a discutir, sobre todo en un país que tiene la productividad estancada hace una década y que enfrenta desafíos que los países desarrollados hoy están abordando con múltiples herramientas, y una de ellas es una negociación más allá de la empresa", afirmó.
Sala cuna y últimas prioridades legislativas
En la misma entrevista, Boccardo también se refirió al proyecto de sala cuna universal, señalando que el Gobierno espera que pueda avanzar en las semanas que restan de actividad legislativa. "Este es un proyecto muy ciudadano, con impactos positivos ampliamente demostrados".
"No hay ninguna excusa para no aprobarlo en estas semanas que quedan, porque los efectos positivos que tiene son relevantes y los temores que la oposición nos señaló en su momento creemos que ya fueron despejados", agregó.
El ministro recalcó que el Ejecutivo realizó "concesiones importantes" para destrabar la iniciativa, incluyendo gradualidad en la cotización, ajustes para empresas de menor tamaño y plazos extensos para la adecuación de salas cunas privadas. "Es un proyecto con costos acotados para las arcas fiscales y con beneficios claros para las familias", concluyó.
