El conflicto laboral en Mantoverde, operada por la canadiense Capstone Copper, se ha convertido en uno de los episodios sindicales más complejos del último tiempo, con más de 20 días de huelga.
La movilización comenzó el 2 de enero de 2026, luego de que fracasara la negociación colectiva con el Sindicato N°2, que representa a 645 trabajadores.
De acuerdo con el sindicato, el punto de quiebre estuvo en reajustes salariales, bonos y beneficios, argumentando que el repunte del precio del cobre justifica mejores condiciones económicas.
El conflicto
El conflicto ha ido escalando progresivamente tanto en el plano judicial como en el mediático. Tras los primeros seis días de huelga, el sindicato afirmaba que la mina se encontraba "casi completamente paralizada", mientras que la empresa rechazaba categóricamente dicha versión, asegurando que sus planes de contingencia operaban con normalidad y que no existía un impacto crítico en la operación.
Posteriormente, tras dos semanas de huelga, el sindicato denunció un reemplazo ilegal de trabajadores en funciones críticas. En ese contexto, la Dirección del Trabajo (DT) dictó una resolución en la que indicó que Capstone no cumplió con los requisitos legales para el reintegro de trabajadores, el cual solo es posible después de 30 días de huelga. Sin embargo, la empresa rechazó las acusaciones, sostuvo que no existió orden de salida de trabajadores y afirmó que redujo voluntariamente la productividad para cumplir con la normativa vigente, negando cualquier infracción a la ley laboral.
El día 17 de la huelga, el conflicto dio un giro de máxima tensión tras un grave incidente nocturno, cuando un grupo —calificado por la empresa como una "turba vinculada a la huelga"— ingresó de manera ilegal y violenta a la planta desalinizadora, instalación que abastece el 100% del agua utilizada por la mina.
Por su parte, el sindicato acusó la presencia de un "grupo de choque" de seguridad privada de la empresa —integrado, según señalaron, por unas 20 personas con chalecos antibalas y escudos— y denunció actos de intimidación, difundiendo además una imagen presuntamente alterada mediante inteligencia artificial, en la que se observaban guardias con rifles y perros.
La empresa desmintió tajantemente dichas acusaciones, exhibió la imagen original —sin armas ni perros—, acusó una manipulación deliberada del material gráfico y denunció los hechos ante la justicia, solicitando resguardo policial a la Corte de Apelaciones de Copiapó, requerimiento que hasta ese momento no había tenido respuesta.
Posteriormente, la compañía informó que, transcurridas 48 horas desde el "ataque", la planta desalinizadora continuaba tomada, con daños en el sistema eléctrico que la dejaron "totalmente inutilizada". En ese escenario, no se inyectaba agua a la faena y la operación se encontraba completamente paralizada, afectando tanto a las áreas de sulfuros y óxidos como a cientos de trabajadores no huelguistas y contratistas.
La empresa acusó al Sindicato N°2 de mantener la toma del recinto y denunció amenazas de muerte contra tres trabajadores, citando además al presidente del sindicato, quien habría señalado que nadie podría ingresar sin una orden judicial.
Situación actual
En una declaración oficial, Capstone Copper afirmó que la planta permanece inaccesible, que las operaciones de sulfuros fueron detenidas y que las de óxidos quedarían suspendidas si no se restablece el abastecimiento, motivo por el cual la compañía se encuentra buscando apoyo judicial para retomar el control de la instalación y reanudar las faenas.
Desde el sindicato, sin embargo, se rechaza categóricamente esa versión. De acuerdo con el archivo judicial, reconocen que existió una obstrucción temporal del acceso, pero sostienen que fue protagonizada por un grupo minoritario —menos del 10%—, sin respaldo ni acuerdo de la directiva, y que dicha conducta habría sido desactivada el miércoles 21 de enero.
Así, el viernes 23 de enero se realizó una mediación voluntaria convocada por la Dirección Regional del Trabajo de Atacama, con la participación del delegado presidencial regional, Rodrigo Illanes, el delegado provincial de Chañaral, Jorge Fernández, y la directora regional del Trabajo, Cecilia González.
De acuerdo con el acta oficial, la empresa no compareció a la instancia, indicando por correo electrónico que solo estaba dispuesta a conversar si antes se cumplían tres condiciones: que cesaran de inmediato las acciones que considera ilegales, que el sindicato garantizara que esos hechos no se repetirán, y que se le entregara completamente la planta desaladora, con acceso total, permanente y sin restricciones.
En el acta, el sindicato expuso que la madrugada del lunes 19 de enero tres huelguistas habrían sido agredidos por guardias privados con equipamiento antimotines, en un sector público cercano a la planta desalinizadora, hechos que —afirman— cuentan con respaldo fotográfico y audiovisual y fueron puestos en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Por su parte, desde la empresa señalaron que la falta de funcionamiento y mantenimiento de la planta por un par de días podría generar "daños catastróficos", de ahí la necesidad imperiosa de reaccionar de manera urgente.
Así, a la fecha, la Corte de Apelaciones de Copiapó aún no se pronuncia sobre la solicitud de medidas presentada por la empresa.
Terminó huelga de Finning
En otro conflicto laboral que afectaba a la minería chilena y tras cinco días de movilización, que incluyeron el bloqueo intermitente de la Ruta de la Minería en Antofagasta, el Sindicato Nacional N°2 de Finning Chile anunció el término de su huelga.
De acuerdo con lo informado por el sindicato, el acuerdo alcanzado contempla un bono de término de conflicto de $14,5 millones para todos los trabajadores, el que será pagado dentro de los próximos 10 días hábiles. A ello se suma un aumento del sueldo base de $105 mil mensuales a partir de febrero, además de la igualdad y equidad de beneficios y el pago íntegro de los días de huelga.
