La mina Mantoverde, operada por la firma canadiense Capstone Copper, lleva 27 días de huelga y 10 con los accesos de su planta desalinizadora bloqueados.
Esto, en medio de un conflicto que enfrenta al Sindicato N°2, que representa a 645 trabajadores, con la empresa, tras el fracaso de la negociación colectiva y mientras se está a la espera del pronunciamiento de los huelguistas respecto a la última propuesta presentada por la firma.
En las últimas horas se registró un cinematográfico acontecimiento. Según informó la la empresa, "la compañía tuvo que gestionar el ingreso de personal de mantenimiento y funcionarios a las instalaciones a través de un operativo aéreo que contó con todas las medidas de seguridad respectivas".
"La compañía utilizó helicópteros que trasladaban a trabajadores y contratistas, para permitir el ingreso de personal técnico y funcionarios a las instalaciones", explicó también.
"Esta acción se aplicó como una medida de extrema urgencia frente a la permanente negativa del sindicato por deponer sus acciones ilegales y prácticas antisindicales en la huelga, que lleva más de 26 días y que se ha traducido en la toma de la planta y el bloqueo de todos sus accesos", agregó.
Según dijo la compañía, "el domingo pasado, el turno que tenía que acceder a cumplir funciones intentó nuevamente ingresar a la planta, pero fueron bloqueados por la dirigencia del Sindicato N°2, quienes señalaron que solo permitirían el acceso a personas autorizadas por la propia organización sindical".
"Dicho intento de ingreso se produjo luego de que el Sindicato N°2 difundiera un comunicado de prensa en el que afirmaba que la planta contaba con libre acceso y que no existía una toma de las instalaciones, lo que fue desmentido por los hechos ocurridos en terreno, y que fueron constatados por la notaria María Carolina Vilches Guggiana, quien estuvo esa jornada en terreno", añadió.
El Sindicato N°2 de Mantoverde inició una huelga el 2 de enero, pero el conflicto derivó en hechos que, según la empresa, exceden una movilización laboral, como bloqueos, amenazas, incendios y la toma de la Planta Desalinizadora, considerada infraestructura crítica.
Esto llevó a la compañía a recurrir a tribunales, que dictaron órdenes para impedir estas acciones y autorizar servicios mínimos, las que aún no se han podido implementar.
La empresa sostiene que ha mantenido disposición permanente al diálogo, presentando propuestas flexibles y logrando en 2025 cerrar exitosamente negociaciones con otros tres sindicatos. Pese a ello, afirma que las medidas judiciales no han sido ejecutadas por falta de apoyo de la autoridad, lo que mantiene el conflicto sin solución.
Mantoverde informó que presentó una nueva oferta cerrada que incluye un bono de término de conflicto de $15 millones y un bono trimestral para trabajadores del mismo estamento.
