Ricardo García, gerente general de Camanchaca.
El Mercurio
Camanchaca, empresa pesquera industrial ligada a la familia Fernández, advirtió en marzo de 2025 —al igual que otras compañías— que iniciaría acciones legales por los negativos efectos que produciría el entonces proyecto de ley de fraccionamiento que impulsaba el Gobierno en el Congreso, el que terminó aprobándolo en junio de ese año. Esta ley (N° 21.752) modificó las cuotas de extracción vigentes hasta 2032, según la normativa aprobada en 2013, y las redujo para las compañías industriales y aumentó para el sector artesanal. Así, este año comenzaron a regir los nuevos porcentajes de captura que se mantendrán hasta 2040, de acuerdo con la nueva legislación. Tras concretarse ese cambio en enero de 2026, Camanchaca activó la primera demanda de indemnización de perjuicios impulsada por una empresa pesquera industrial en contra del fisco de Chile, debido a los daños económicos por los efectos de la ley de fraccionamiento. Asesorada por el abogado Jorge Bofill, socio del estudio Bofill y Ramos, Camanchaca —una de las pesqueras más relevantes del país— ingresó el sábado una demanda ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, a través de la cual busca resarcimiento ante perjuicios que estima en alrededor de US$ 100 millones.
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