Las acciones iniciadas por la empresa Camanchaca en contra del Estado, ante la estimación de efectos económicos adversos para sus operaciones a partir de la Ley de Fraccionamiento que impulsó el actual Gobierno, serían un reflejo de la incertidumbre que circula en la industria pesquera. Así lo expresan actores del sector, luego de conocerse las medidas judiciales presentadas por Camanchaca en tribunales locales por indemnización de perjuicios en contra del fisco, por los impactos asociados a esta legislación, según dio a conocer este lunes. La demanda busca un resarcimiento al calcular las mermas de 33 mil toneladas de jurel y de otras 39.500 mil toneladas de anchoveta, valoradas en unos US$100 millones. Fuentes del rubro señalan que otras empresas del sector pesquero se encuentran afinando sus estrategias legales en contra del Estado de Chile debido a los efectos proyectados por la entrada de la normativa, que califican internamente como una "expropiación" regulatoria. Algunas de estas medidas judiciales, que se sumarían a la interpuesta por Camanchaca, podrían efectuarse durante el primer semestre del año, según comentan conocedores.
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