La licitación del centro gastronómico y cultural BordeRío, en Vitacura, sigue sumando capítulos judiciales que mantienen en suspenso la adjudicación definitiva del recinto ubicado en el sector del Parque Metropolitano del Río Mapocho.
Ahora el consorcio ganador del proceso, Consorcio Parque Río, ingresó un escrito ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP) anunciando que se incorporó a la causa como tercero independiente, solicitando el rechazo total de la demanda.
En concreto, el conflicto se originó luego de que Consorcio Parque Río se adjudicara la licitación del icónico polo gastronómico. Es que la empresa perdedora del proceso,
Minera y Constructora Río Grande, acusó vicios en la evaluación, incluyendo supuestas inconsistencias en una declaración jurada societaria y una corrección de oficio del puntaje económico.
La firma llevó el caso ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP) —que aún no resuelve el fondo del reclamo—, el cual ordenó suspender los efectos de la adjudicación desde el 20 de enero por un plazo de 30 días, impidiendo a la municipalidad avanzar en la formalización del nuevo contrato o iniciar un nuevo proceso.
Así, la Municipalidad de Vitacura se vio obligada a extender el contrato con el actual concesionario, Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, ya que este finalizaba el 4 de febrero, lo que dejaba al municipio ante un escenario de discontinuidad total del servicio en el tradicional centro gastronómico.
En tanto, y debido a la incertidumbre generada en torno al futuro de BordeRío, dos restaurantes han decidido retirarse del recinto: Zanzibar y Bar Santiago. Con ello, actualmente permanecen siete locales en funcionamiento.
En el documento, Consorcio Parque Río sostiene que no se configura ilegalidad ni arbitrariedad en el proceso y que la acción de la empresa perdedora se basa en interpretaciones erradas tanto de los antecedentes societarios como de la evaluación económica y técnica.
Desglose de argumentos
El eje central de la reclamación apunta a que uno de los integrantes del Consorcio Parque Río habría entregado una declaración jurada incorrecta respecto de su composición accionaria.
Al respecto, la empresa que que se quedó con la licitación sostuvo que, al momento de presentar su oferta, contaba con un único accionista, lo que coincide plenamente con lo declarado en la declaración jurada exigida por las bases, indicando que "no existe falsedad ni omisión de información relevante", quedando desvirtuada la principal imputación de la demanda.
Por otra parte, Minera y Constructora Río Grande sostiene que la comisión evaluadora habría corregido indebidamente la oferta económica del adjudicatario.
Frente a ello, la defensa replica que las bases establecen con claridad que el criterio evaluado es el aporte económico mensual en UTM y no el monto total resultante de la multiplicación. En la oferta presentada, el consorcio propuso un valor mensual de 258 UTM por 180 meses, cifra que —según expone— nunca fue modificada.
Sostiene que el error detectado correspondería a una multiplicación aritmética en el campo del monto total, por lo que la rectificación no habría alterado el valor mensual ofertado ni generado una ventaja competitiva. En consecuencia, no existiría infracción a la regla que prohíbe modificar el precio durante la evaluación.
Respecto de la evaluación técnica, el Consorcio afirma que la demandante no acredita un incumplimiento de las bases, sino que expresa una mera disconformidad con el puntaje obtenido.
En el escrito se detalla que la evaluación se realizó conforme a la metodología prevista en las Bases Administrativas Especiales, mediante una matriz de subcriterios, notas individuales por evaluador y ponderaciones previamente definidas.
Por último, la firma sostiene que no se cumplen los requisitos legales para mantener la suspensión del procedimiento, ya que el principal fundamento invocado —la supuesta falsedad documental— fue desmentido con antecedentes públicos contemporáneos al cierre de la licitación.
Conciliación frustrada
En medio del litigio, el Tribunal de Contratación Pública informó que el 11 de febrero se realizó la audiencia de conciliación en la causa relativa a la licitación.
En la audiencia comparecieron el abogado de Minera y Constructora Río Grande SpA, el representante de la Municipalidad de Vitacura y la abogada del tercero independiente, Gestión y Administración de Parques SpA, en representación del Consorcio Parque Río.
Consultadas las partes por el juez titular, la demandante señaló que, tratándose de un juicio de carácter anulatorio, era difícil arribar a un acuerdo, aunque manifestó disposición a escuchar propuestas.
La municipalidad indicó que no tenía instrucciones para conciliar, mientras que el tercero independiente sostuvo que la única posibilidad de acuerdo sería que la demandante desistiera de la acción. Ante la falta de consenso, el tribunal declaró frustrada la conciliación.
Así, la disputa por la concesión de BordeRío continúa en sede judicial, mientras el municipio mantiene vigente la actual administración del recinto a la espera de una resolución.
