La Comisión Europea (CE) anunció el inicio de un procedimiento formal por presuntas infracciones a la Ley de Servicios Digitales (DSA) contra la plataforma china de comercio electrónico Shein.
En concreto, la investigación apunta a riesgos para los usuarios, la venta de productos ilegales y la falta de transparencia en su funcionamiento.
Una vez notificada la investigación, la empresa afirmó que
"cooperará plenamente" con el organismo comunitario y aseguró que se toma "muy en serio" sus obligaciones regulatorias dentro de la Unión Europea.
Según el Ejecutivo comunitario, la indagatoria se centrará en el supuesto "diseño adictivo" del servicio —como sistemas de recompensas por interacción—, la transparencia de los algoritmos de recomendación y la eficacia de sus mecanismos para impedir la comercialización de productos prohibidos.
Venta de productos ilegales
Bruselas también examina la capacidad de la plataforma para limitar la oferta de bienes ilegales, incluidos artículos que podrían constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales de apariencia infantil.
En respuesta, Shein sostuvo que ha realizado "inversiones significativas" para reforzar el cumplimiento de la DSA, entre ellas el fortalecimiento de la protección de usuarios jóvenes y la colaboración con la Comisión en sistemas de verificación de edad.
La compañía añadió que la protección de menores y la reducción de contenidos perjudiciales son "elementos centrales" en el desarrollo y gestión de su plataforma.
Antecedentes
La Comisión ya había solicitado información a la empresa en noviembre del año pasado —por tercera vez— sobre las medidas adoptadas para impedir que menores accedan a productos ilegales, en particular armas y artículos de carácter sexual.
La investigación se produce, además, después de que el Gobierno de Francia iniciara acciones judiciales para bloquear la plataforma en su territorio, asunto que también fue analizado en reuniones entre autoridades francesas y la vicepresidenta de la Comisión encargada de política digital, Henna Virkkunen.
El procedimiento podría derivar en sanciones económicas relevantes en caso de confirmarse infracciones a la normativa digital europea.
