El proyecto de cable submarino para conectar Hong Kong con Valparaíso terminó transformándose en uno de los episodios más incómodos del cierre del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Lo que parecía un trámite administrativo —la firma del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, de un decreto el 27 de enero de 2026 otorgando una concesión por 30 años a CMI Chile SpA, filial de China Mobile International— derivó, dos días después, en su anulación, en cuestionamientos políticos internos, en una reacción directa de Estados Unidos y puso bajo la lupa a una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo: China Mobile.
En un comienzo, desde el Ejecutivo se habló de "errores de tipeo", aunque posteriormente desde La Moneda se aludió a la necesidad de recabar mayores antecedentes tras advertencias de la Embajada de EE.UU.
Asimismo, el mismo 29 de enero —día en que Chile anuló la concesión— el Ministerio de Ecología y Medioambiente de China aprobó el Informe de Impacto Ambiental del proyecto, autorizando el inicio del tendido del cable en su territorio.
Además, entre el ingreso del proyecto, el 26 de noviembre de 2025, y la firma del decreto transcurrieron apenas 61 días, muy por debajo del promedio histórico de 263 días para concesiones similares. La rapidez del proceso, de acuerdo con El Mercurio, fue calificada como "inusual" incluso por funcionarios del propio ministerio y derivó en críticas políticas por presunta falta de prolijidad y transparencia.
La controversia se intensificó cuando el gobierno de Donald Trump revocó las visas del ministro Muñoz, del subsecretario Claudio Araya (PC) y del jefe de gabinete Guillermo Petersen (PC), acusándolos de avanzar en una iniciativa que podría vulnerar la seguridad regional. Washington argumentó que el proyecto, al involucrar infraestructura crítica de telecomunicaciones y a una firma estatal china, entrañaba riesgos de ciberseguridad y eventual acceso a datos sensibles.
Pero el tema no comenzó en 2025 ni en 2026, los antecedentes se remontan a junio de 2023. Ese mes, el subsecretario Araya y el entonces jefe de fiscalización de Subtel, Raúl Domínguez, viajaron a Shanghái para participar en el Mobile World Congress Shanghai, organizado por la GSMA.
El evento, de acuerdo con ExAnte, tuvo fuerte presencia de China Mobile, la compañía instaló dos grandes pabellones y varios de sus ejecutivos participaron como expositores, incluido su presidente Yang Jie, también expusieron directivos de China Telecom y China Unicom, todas empresas estatales chinas interesadas en el desarrollo de redes globales.
*MWC2025*
Tras ese viaje, el proyecto dejó de radicarse en Cancillería —como había ocurrido en administraciones anteriores— y pasó a la Subtel. Desde entonces comenzó una secuencia sostenida de reuniones registradas en la plataforma de Lobby. En diciembre de 2023, Araya se reunió con representantes de HMN Tech para conocer iniciativas de cable submarino.
En marzo de 2024 sostuvo encuentros con funcionarios de la embajada china por cooperación en telecomunicaciones y con ejecutivos de Huawei por ciberseguridad.
En noviembre de ese mismo año recibió al vicepresidente global de China Mobile junto a directivos de China Unicom.
En abril de 2025, el delegado de China Mobile en Chile presentó formalmente la empresa y, en diciembre de 2025 —20 días después de solicitar la concesión— la compañía expuso su plan de inversiones en telecomunicaciones.
La acumulación de encuentros reforzó la tesis de que el proyecto se venía preparando desde 2023 y no surgió repentinamente a fines de 2025.
En tanto, desde el Ejecutivo se rechazó el castigo impuesto por Estados Unidos por considerarlo una injerencia en asuntos soberanos y se insistió en que el proyecto se encontraba en evaluación. Sin embargo, quedó claro que el cable dejó de ser solo una obra de conectividad y pasó a ser una pieza en el tablero de la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos.
El gigante detrás del cable
Fundada en 1997 en Hong Kong, China Mobile es hoy el mayor operador de telecomunicaciones móviles del mundo por número de suscriptores. Controlada en un 69% por China Mobile Communications Group Co —holding estatal chino—, la compañía cotiza en la Bolsa de Hong Kong y también en la de Shanghái.
Al 30 de junio de 2025, el grupo contaba con 1.005 millones de clientes móviles y 323 millones de clientes de banda ancha fija, además de unos 450.000 empleados. En el primer semestre de 2025 registró ingresos operativos por 543.800 millones de yuanes (US$79.370 millones) y utilidades atribuibles a accionistas por 84.200 millones (US$12.000 millones), con un crecimiento anual de 5%.
Actualmente opera en las 31 provincias de China continental y en Hong Kong, ofreciendo servicios que abarcan llamadas, datos móviles, banda ancha, centros de datos (IDC), computación en la nube e Internet de las Cosas (IoT).
Su tamaño e integración vertical la convierten en un actor central de la infraestructura digital china. No es solo un operador móvil, es un proveedor integral de servicios TIC, con fuerte presencia en redes 5G y ambiciones en 6G, inteligencia artificial y enrutamiento avanzado de datos.
Chile no es una excepción
El caso chileno no es aislado.
En los últimos años, la expansión global de empresas tecnológicas chinas ha estado marcada por crecientes tensiones con Occidente. Por ejemplo, en 2019 representantes de 30 países —entre ellos Estados Unidos, Alemania y Japón— firmaron las denominadas "Propuestas de Praga", una declaración que advirtió que las amenazas a las redes 5G no son solo técnicas, sino también políticas y económicas, y que debe considerarse el riesgo de influencia de terceros países sobre proveedores estratégicos.
Estados Unidos ha ido más allá. En 2021 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) designó a Huawei y Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation (ZTE) como amenazas a la seguridad nacional y prohibió el uso de fondos públicos para adquirir sus equipos. Más tarde, en marzo de 2022, la FCC agregó a China Mobile International Inc., junto con China Telecom Americas y China Unicom.
También se emitieron órdenes ejecutivas contra aplicaciones chinas como TikTok y WeChat, argumentando riesgos para la seguridad nacional.
El trasfondo es una nueva "guerra fría tecnológica", como lo ha llamado el historiador y profesor británico, Niall Ferguson, donde la ciberseguridad, la protección de datos, son los ejes centrales. Transformando, la competencia ya no es solo comercial, configura bloques políticos alrededor de sistemas de telecomunicaciones y estándares tecnológicos. En ese contexto, los cables submarinos —por donde circula cerca del 95% del tráfico global de datos— adquieren una dimensión claramente estratégica.
China Mobile, como empresa controlada por el Estado chino y sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional de 2017 —que obliga a organizaciones y ciudadanos chinos a cooperar con el trabajo de inteligencia— enfrenta suspicacias en varios mercados. Beijing rechaza que sus compañías representen amenazas y sostiene que operan conforme a las leyes locales de cada país.
En Chile, el embajador chino defendió el cable como una iniciativa que "no supone ningún riesgo" y que fortalecería el liderazgo digital del país. Sin embargo, la secuencia de decreto exprés, anulación, presión estadounidense y transición política dejó la iniciativa en un limbo.
