La pesquera FoodCorp, empresa de capitales noruegos con operaciones en la Región del Biobío, anunció que presentará una demanda contra el Estado de Chile por los efectos de la denominada Ley de Fraccionamiento.
Así, se transformará en la cuarta firma pesquera que demanda al Estado por normativa impulsada por la administración saliente, la cual modificó la distribución de las cuotas de pesca en el país.
En concreto, la compañía —que forma parte del grupo Austevoll Seafood, conglomerado con operaciones en Noruega, Reino Unido y Perú— informó que concluyó el análisis jurídico sobre el impacto de la ley y decidió iniciar acciones legales
debido a la disminución de sus cuotas de captura y al término anticipado de las asignaciones vigentes, que según la empresa estaban establecidas por ley hasta el año 2032.
Según explicó el CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch, la acción legal ha sido liderada por el estudio jurídico Montt y Compañía y tiene un fondo técnico similar a las demandas que han interpuesto compañías como Camanchaca, Landes y Blumar.
"Nuestro sector tiene la convicción que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032", sostuvo.
"El Estado de Chile con la Ley de Fraccionamiento desconoció este hecho y reasignó participaciones sin considerar que se habían hecho inversiones y una planificación de largo plazo. Todo eso fue ignorado por la institucionalidad chilena. En nuestro caso, la pérdida la estimamos sobre los US$100 millones, monto que esperamos recuperar al término de este juicio", añadió.
"El golpe a la credibilidad del país, a su estabilidad jurídica y la confiabilidad para inversores extranjeros es muy fuerte. FoodCorp tiene un compromiso profundo con Coronel, una comuna con graves problemas de empleo y de desarrollo, así como con sus más de 650 trabajadores, por ello tenemos la obligación de proteger nuestra operación y viabilidad futura", concluyó.
