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Santiago: Miércoles 11 de marzo del 2026 | Actualizado 01:47
La contienda entre los mayores actores del mercado cervecero en Chile sumó un nuevo round en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La multinacional AB InBev, a través de su filial Cervecería Chile (CerChile), presentó la semana pasada nuevas acusaciones en contra de Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) respecto a que esta última firma se mantiene ejerciendo convenios exclusivos con locales comerciales (bares, pubs y restaurantes).
En su escrito, Cervecería Chile indicó que recopiló nuevos antecedentes que reflejarían que su rival estaría infringiendo algunos convenios alcanzados con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para resguardar la libre competencia en la venta de cervezas en el canal on premise, es decir bares, restaurantes o pubs.En este mercado, CCU posee un liderazgo a nivel nacional a través de la comercialización de las marcas Cristal, Royal Guard, Escudo, Austral Patagonia, entre otras. En tanto, Cervecería Chile disputa este sector mediante los productos Becker, Cusqueña, Budweiser, Corona, Stella Artois y otros.
El grupo AB InBev solicitó al TDLC sumar los nuevos antecedentes al análisis del requerimiento que interpuso en esta sede. En esta acción, acusa que CCU estaría ejecutando actos o convenios que generan exclusividades de venta con locales del canal on premise, lo que impide la comercialización de productos de otros actores del mercado.
En su última presentación, AB InBev afirmó que "ha sido testigo del incumplimiento continuo, permanente y sistemático por parte de CCU" de las obligaciones que impone el avenimiento acordado en 2008, así como también estaría infringiendo el acuerdo conciliatorio pactado con la FNE en 2024 que busca evitar el entorpecimiento en la venta de cervezas de terceros.
Ante la nueva ofensiva de su principal competidor, CCU —controlado por el Grupo Luksic y Heineken— respondió a las acusaciones ante el TDLC, pidiendo al tribunal que se rechacen todas las peticiones realizadas por AB InBev.
La compañía, representada por el abogado Santiago Bravo (del estudio Claro & Cía.), aseguró que la solicitud es "fácticamente infundada, jurídicamente improcedente y solo demuestra que CerChile es consciente de que su demanda carece de mérito".
En primer lugar, CCU indicó que lo planteado por AB InBev "es derechamente falso". Enfatizó que la empresa "ha dado y sigue dando pleno cumplimiento al avenimiento 2008 y a la Conciliación 2024".
En el documento sostuvo que "al igual que en la demanda, el escrito de CerChile no identifica hechos concretos, fechas, establecimientos, contratos ni personas responsables (...). Mucho menos precisa hechos específicos que hubieren ocurrido dentro del término probatorio, ni ofrece el juramento exigido para la segunda hipótesis del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil".
En este sentido, el grupo cervecero ligado a los Luksic afirmó que la solicitud sería "jurídicamente improcedente", dado que el actual "litigio no versa sobre la Conciliación 2024, sino sobre las (falsas) imputaciones relacionadas con el (in)cumplimiento por parte de CCU del Avenimiento 2008".
"Sin ir más lejos, la Conciliación 2024 no podría ser jamás un hecho controvertido en este juicio, pues nació con posterioridad a la demanda e, incluso, a la resolución que la recibió a prueba (...). Consecuentemente, la solicitud infringe abiertamente todas las normas aplicables", afirmó CCU.
CCU, además, planteó que la solicitud de su competidora "es en verdad una ampliación sobreviniente, improcedente y extemporánea de su demanda, que ahora se extendería a supuestos incumplimientos de la Conciliación 2024 (...). El cambio de demanda que pretende CerChile constituye una capitulación; en derecho, un desistimiento. No nos sorprende. Solo confirma que CerChile es plenamente consciente de que su caso carece de mérito sustantivo y que cualquier eventual mérito que pudiera haber tenido desapareció con la Conciliación 2024".
