En junio de 2025 se promulgó en Chile la Ley de Fraccionamiento Pesquero, normativa que estableció una redistribución anual de las Cuotas Globales de Captura para 23 pesquerías de importancia comercial, dividiendo los recursos entre el sector pesquero artesanal e industrial.
La legislación también reforzó los sistemas de control en los desembarques y el seguimiento de las capturas, incorporando certificaciones obligatorias y aumentando la dotación de fiscalizadores.
Sin embargo, su tramitación en el Congreso fue lenta y engorrosa,
debiendo resolverse finalmente en Comisión Mixta, luego de que parlamentarios denunciaran errores en las cifras presentadas por la entonces Subsecretaría de Pesca, encabezada por
Julio Salas, respecto del rendimiento de la merluza común.
Durante toda la tramitación de la ley, los cambios propuestos generaron una fuerte oposición por parte del sector pesquero industrial, que acusó que la normativa afectaba derechos previamente adquiridos y advirtió la posibilidad de demandar al Estado por una eventual expropiación indirecta.
Con la ley ya en marcha y al paso de algunos meses, esas advertencias comenzaron a concretarse: tres empresas ya presentaron acciones judiciales y una cuarta anunció que seguirá el mismo camino, aunque su ingreso formal aún no se confirma.
Las Pesqueras
La primera en recurrir a la justicia fue la pesquera industrial Camanchaca, ligada a la familia Fernández.
La compañía argumentó que la ley le generó importantes daños económicos u busca una compensación cercana a US$100 millones por los perjuicios que estima derivados de la nueva normativa.
La segunda acción fue presentada por Blumar, que acusó que la ley alteró anticipadamente el marco regulatorio definido en 2013, el cual establecía reglas de operación y distribución de cuotas proyectadas, al menos, hasta 2032, sin contemplar compensaciones ante eventuales cambios.
Según la empresa, la nueva normativa modifica dicho régimen antes del plazo comprometido sin mecanismos de indemnización, lo que —a su juicio— "configura una afectación patrimonial grave, equivalente a una expropiación regulatoria, vulnerando principios esenciales de seguridad jurídica que el Estado debe garantizar".
De manera preliminar, los estudios encargados por la compañía estiman perjuicios por cerca de US$216 millones, lo que —advirtieron— "compromete la sostenibilidad de la compañía y sus planes de inversión futura".
La tercera demanda fue presentada por la pesquera Landes, que recurrió a tribunales exigiendo una compensación superior a US$70 millones por los efectos de la ley.
La firma sostiene que la normativa modificó la distribución histórica de cuotas pesqueras, particularmente en la pesquería del jurel, reasignándolas a otros actores sin compensación económica. Según expone la empresa, estos cambios habrían afectado gravemente su patrimonio, al alterar las reglas bajo las cuales se estructuraron inversiones y operaciones en el sector.
Finalmente, el martes se conoció que se sumará una cuarta empresa a la ofensiva judicial.
Se trata de la pesquera FoodCorp, compañía de capitales noruegos con operaciones en la Región del Biobío, que anunció que presentará una demanda contra el Estado de Chile por los efectos de la Ley de Fraccionamiento.
"Se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por ley hasta 2032", sostuvo el CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch.
"El Estado de Chile, con la Ley de Fraccionamiento, desconoció este hecho y reasignó participaciones sin considerar que se habían realizado inversiones y una planificación de largo plazo. Todo eso fue ignorado por la institucionalidad chilena. En nuestro caso, la pérdida la estimamos sobre los US$100 millones, monto que esperamos recuperar al término de este juicio", añadió.
Con ello, el Gobierno de José Antonio Kast deberá enfrentar cuatro acciones judiciales contra el Estado heredadas por la administración Boric, que en conjunto sumarían al menos US$486 millones en eventuales compensaciones reclamadas por las compañías del sector pesquero industrial.
