Las principales compañías mineras que operan en Chile, agrupadas en el Consejo Minero, salieron a cuestionar el proyecto del Gobierno que busca modificar el impuesto al diésel para contener el alza de los combustibles, advirtiendo efectos relevantes sobre la competitividad del sector.
A través de una declaración pública titulada "Posición del Consejo Minero frente al proyecto de ley sobre precios de los combustibles", el gremio liderado por Joaquín Villarino -y que reúne a BHP, Anglo American, Codelco, Glencore y Freeport McMoRan, entre otras-afirmó que la iniciativa "desvirtúa" el diseño del tributo.
En esa línea, sostuvo que "
no es equitativo alterar un impuesto para gravar selectivamente a sectores estratégicos, afectando su competitividad".
La propuesta del Ejecutivo apunta a "suspender transitoriamente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas", aplicando para todas el esquema vigente para los transportistas.
En la práctica, según advierten, esto implicaría que la mediana y gran minería -principales consumidoras de diésel fuera del rubro transporte- pasen de recuperar el 100% del impuesto específico a solo un 31%.
Según la declaración, el cambio se traduciría en "un pago del 69% sobre la tasa de UTM 1,5", lo que implicaría que "la industria aportaría cerca de US$100 millones en solo seis meses, lo que significa que la minería asumirá el 74% de todo el costo de la medida".
De acuerdo con el informe financiero del proyecto, la recaudación estimada asciende a $124.463 millones (unos US$137 millones) durante su vigencia, prevista por medio año o hasta que se normalicen las condiciones del mercado.
El gremio también criticó el carácter inesperado de la medida, señalando que "esta medida, sorpresiva, se suma a la que el Gobierno anterior realizó para financiar las cuentas eléctricas de los clientes regulados, en cuyo caso también fue la minería la que asumió, sin justificación, parte importante del monto involucrado".
Si bien desde el Consejo Minero valoraron los esfuerzos para mitigar el impacto del alza en los combustibles, recalcaron su rechazo a que sea la industria la que financie mayoritariamente la iniciativa.
"Por lo mismo, confiamos en que la búsqueda de recursos públicos adicionales pueda orientarse hacia mecanismos que resguarden las señales económicas necesarias para fomentar la inversión y el crecimiento del país", concluyeron.
