La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto a sus seis ramas, presentó este martes la iniciativa "Por un Chile sin economías ilícitas".
¿De qué se trata? Es un plan que busca enfrentar el avance del comercio ilegal, el contrabando y otros delitos que -según el gremio-están impactando de forma directa la inversión, el empleo formal y el crecimiento del país.
El diagnóstico elaborado por la organización advierte que estas actividades han dejado de ser fenómenos aislados y hoy mantienen una relación estructural con el crimen organizado, que encuentra en estos mercados una fuente clave de financiamiento.
En ese contexto, desde la CPC sostienen que se ha configurado un sistema paralelo que compite con la economía formal y debilita el funcionamiento institucional.
A partir de estimaciones preliminares levantadas junto a 28 gremios y dos empresas, el organismo calcula que las economías ilícitas en Chile mueven cerca de US$8.000 millones, cifra que "equivale a más de un 2% del PIB". El dato, recalcan, da cuenta de un problema de carácter transversal que afecta a múltiples sectores productivos.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, explicó el origen de estas cifras y su alcance. "Estos son cálculos muy preliminares que hemos ido levantando desde los distintos gremios asociados a estas actividades (...) ha sido a través de estas reuniones que ya iniciamos en enero de este año y que nos ha permitido ir recabando información. Eso es lo que está detrás de esas cifras".
Según el gremio, el impacto de estas prácticas no se limita a las pérdidas económicas, sino que genera efectos sistémicos, como competencia desleal, menor recaudación fiscal, desincentivos a la inversión y un aumento de la informalidad, lo que termina distorsionando los mercados.
Jiménez advirtió que se trata de una tendencia en expansión. "Nosotros, con todos los gremios acá representados, la verdad es que vemos que esto es un fenómeno creciente, un fenómeno que trasciende sectores y fronteras. Y en ese sentido, si no nos hacemos cargo de identificar bien lo que está pasando y hacer propuestas concretas, esto puede empeorar".
En esa línea, la líder del gran empresariado subrayó el impacto que estas actividades tienen sobre las empresas formales. "Y ciertamente, cada uno de los sectores afectados reciente esa competencia desleal, ese negocio informal que no cumple ni con la regulación de nuestro país ni en términos sanitarios, de seguridad, no paga impuestos y, por lo tanto, constituye una fuente de actividad que deteriora el ambiente, deteriora las condiciones de inversión y pone en situación muy vulnerable a las personas que también se involucran en ello".
El plan
El plan presentado contempla un trabajo conjunto entre el sector público y privado, estructurado en seis ejes: comercio ilícito y contrabando; finanzas ilegales; ilícitos en materias primas; delitos en minería; robos; y fortalecimiento de la respuesta estatal. El objetivo es construir un diagnóstico compartido, identificar patrones y proponer medidas concretas para prevenir y desarticular estos mercados.
Como parte de este proceso, la CPC ya ha iniciado coordinaciones con organismos como el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y el Ministerio Público, con miras a avanzar en soluciones articuladas.
El gremio enfatizó que abordar este fenómeno es clave para recuperar la seguridad, la certeza jurídica y la confianza, elementos considerados fundamentales para el desarrollo sostenible. El trabajo culminará con la elaboración de un documento con propuestas, cuya entrega está prevista para junio de 2026.
"Estamos hablando de más de dos puntos del PIB en economías ilícitas, de lo que hemos podido hasta ahora levantar. Entonces, por supuesto, la situación es bastante grave", concluyó Jiménez.
