La propuesta del Gobierno para agilizar la regulación ambiental -en el marco del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico- fue abordada por economistas y gremios empresariales.
En concreto, el Ejecutivo busca resolver uno de los principales frenos a la inversión: la incertidumbre que genera la judicialización de proyectos, incluso después de haber sido aprobados ambientalmente.
El diagnóstico de la administración de Kast apunta a que la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no asegura la materialización de las inversiones.
Esto, debido a una extensa cadena de impugnaciones judiciales que, en la práctica, puede extenderse por años y terminar paralizando iniciativas ya visadas por la autoridad técnica.
Las cifras que maneja el Gobierno refuerzan ese punto: aunque el 85% de las impugnaciones confirma la resolución original, el 100% de los proyectos enfrenta demoras promedio cercanas a los 30 meses.
Un escenario que, según advierten, eleva los costos financieros y desincentiva la ejecución de inversiones.
Frente a ello, la propuesta plantea que, si una RCA aprobada es revocada por tribunales, el Estado reembolse los gastos ya incurridos por el titular del proyecto. Así, la medida busca reducir el riesgo asociado a la judicialización y entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas.
Economistas: menor incertidumbre, pero con foco en el diseño
Desde el mundo económico, la iniciativa fue valorada en términos generales. Por ejemplo, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, dijo a Emol que "esta medida reconoce que, a pesar de tener las aprobaciones correspondientes para un proyecto, una resolución judicial podría detenerlo. La suerte de seguro que se propone, contiene el costo de las incertidumbres del proceso, generando impactos positivos en la inversión y el crecimiento".
En una línea similar, Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines y ex miembro del Grupo de Política Monetaria (GPM), dijo a Emol que "que apunta en el sentido correcto, contribuye a estimular la inversión".
"Reduce discrecionalidad al proceso, porque si se cumple con la norma y se aprueba, el regulador asume una responsabilidad frente al inversionista"
Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines
"Reduce discrecionalidad al proceso, porque si se cumple con la norma y se aprueba, el regulador asume una responsabilidad frente al inversionista. Acota costos del proceso y, probablemente, acota plazos (limite 6 meses para judicializar)", añadió.
A su vez, Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, dijo a Emol que "el objetivo que se plantea el gobierno con esta medida a mí me parece conceptualmente correcto".
En ese sentido, planteó: "¿Cuál es el tema aquí detrás? Que el gobierno está tratando de introducir cambios que reduzcan la permisología con el objetivo clave de dar mayor certeza jurídica y disminuir el costo de los proyectos".
Más allá del respaldo inicial, los economistas coincidieron en que el impacto de la medida dependerá de su implementación concreta. En particular, destacaron su potencial para reducir costos financieros y acotar los plazos de desarrollo de los proyectos.
En ese contexto, Izquierdo profundizó en que "hay que entender que acoto costos por dos vías, reducción de tiempo del proceso, porque cada día que pasa tiene un costo financiero, y reembolsa lo que, hasta ahora, es un riesgo de pérdida completa, si el proyecto se cae en la etapa judicial".
Separación de poderes y riesgos de "abusos"
Cifuentes, en tanto, puso el foco en los equilibrios institucionales involucrados y en los riesgos asociados al diseño de la política.
"Hay temas que los puede manejar el Ejecutivo, que dependen de todos estos permisos, pero después está el poder judicial en el fondo. Y ahí, por supuesto, el ejecutivo no tiene control sobre el poder judicial", señaló.
"Conceptualmente es correcto. Ahora, aquí es super relevante cómo se termine haciendo esta medida para que, de partida, no vaya a haber 'abusos' de proyectos"
Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School
Asimismo, agregó "lo que el gobierno está tratando de hacer es disminuir esa certeza jurídica, de alguna manera planteando que si es por temas de ese ámbito, va a reembolsar el costo de los proyectos".
En esa línea, advirtió que "entonces, conceptualmente es correcto. Ahora, aquí es súper relevante cómo se termine haciendo esta medida para que, de partida, no vaya a haber 'abusos' de proyectos".
En ese sentido enfatizó que "es importante cómo se legisle", no obstante, sostuvo que "es conceptualmente correcto lo que se está buscando, porque es lo que ha salido también con el tema de los impuestos".
Finalmente, subrayó que "al final, lo que dicen los empresarios es que, más que el aumento en la tasa de impuesto, lo que ha sido más complejo en Chile es la incerteza jurídica".
"El cambio en las reglas del juego, el no poder saber si un proyecto se va a poder llevar a cabo al final, que se van a perder recursos por años para que después judicialmente se impida el proyecto. Entonces, en ese sentido me parece razonable", concluyó.
Gremios mineros: impulso a la inversión, pero a la espera de detalles
Desde la vereda empresarial, el respaldo también fue explícito, aunque acompañado de cautela respecto de los detalles de la propuesta.
Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), dijo que "como Sociedad Nacional de Minería, valoramos que las medidas anunciadas por el Presidente Kast apunten a reactivar la inversión y fortalecer la competitividad. Todo lo que contribuya a dar mayor certeza jurídica, simplificar la regulación, acortar plazos y facilitar la ejecución de proyectos mineros va en la dirección correcta".
"Esperamos pronto conocer el detalle concreto de estas medidas y que estas iniciativas se tramiten con celeridad, porque Chile necesita avanzar rápido en destrabar inversiones que son clave para el crecimiento, el empleo y el desarrollo del país"
Jorge Riesco, presidenta de Sonami
Sin embargo, afirmó que esperan "pronto conocer el detalle concreto de estas medidas y que estas iniciativas se tramiten con celeridad, porque Chile necesita avanzar rápido en destrabar inversiones que son clave para el crecimiento, el empleo y el desarrollo del país".
Riesco también abordó el impacto específico de la medida en la industria, señalando que "respecto a la propuesta de reembolso en caso de judicialización, los costos de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental, (DIA) pueden variar significativamente, porque dependen de múltiples factores: si se trata de un proyecto greenfield (desde cero) o brownfield ( ampliación o modernización de instalaciones ya existentes), del tamaño de la inversión -gran o mediana minería- y de la complejidad ambiental y territorial".
"Un EIA, en proyectos de mayor envergadura, puede implicar costos que incluyen estudios de línea base, ingeniería, participación ciudadana y asesorías especializadas", subrayó.
En cambio, dijo las DIA "responden a procesos más acotados, generalmente vinculados a modificaciones o ampliaciones operativas, por lo que sus costos son menores".
Además, enfatizó que "el costo en este caso dependerá de lo que entendamos por gastos 'asociados' a un proyecto: en las medidas anunciadas se da a entender que es todo lo que se ha gastado e invertido en el proyecto, entre la presentación de la DIA o EIA y la revisión o anulación".
De ser así, aseveró que "va en la línea correcta porque reduce el riesgo de invertir y puede incentivar el desarrollo de nuevos proyectos".
En esa línea, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), dijo a Emol que "valoramos que se estén impulsando medidas que reconozcan el impacto que tiene la judicialización en los proyectos de inversión, especialmente cuando se trata de iniciativas que ya han pasado por el proceso de evaluación ambiental y cuentan con una RCA aprobada".
"El reembolso de los gastos incurridos en caso de una eventual revocación judicial puede contribuir a mitigar parte del riesgo económico asociado a estos proceso"
José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio
Asimismo, destacó que "el reembolso de los gastos incurridos en caso de una eventual revocación judicial puede contribuir a mitigar parte del riesgo económico asociado a estos proceso".
No obstante, advirtió que el desafío es más amplio: "Al mismo tiempo, es importante seguir avanzando en mecanismos que fortalezcan la certeza para la inversión, considerando que estas decisiones no dependen únicamente de la recuperación de costos, sino también de la posibilidad de ejecutar los proyectos dentro de plazos razonables y con reglas estables".
Desde el mundo agrícola, si bien la mayoría de los proyectos no requiere RCA, también se relevó el problema de la incertidumbre como un factor clave.
En esa línea, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) señalaron a Emol que "el sistema para estudiar los impactos ambientales en Chile se ha vuelto una fuente de incertidumbre para los titulares de los proyectos, por lo que todo lo que implique aumentar la certeza que otorga la obtención de una resolución de calificación ambiental favorable nos parece que va en la línea correcta, más que para eliminar trabas, para fomentar la inversión".
